Los cien días de Javier Milei ya pasaron y los números hablan por sí solos. La economía a punto de pararse, la caída del consumo, las suspensiones del sector y un gran número de despidos. En el parlamento ha recibido dos fracasos, uno de la Ley Básica o Ley Ómnibus y otro medio fracaso porque la Cámara de Diputados está a la espera de verificar la vigencia del Megadecreto, que es una Constitución paralela que por su extensión y profundidad persiste en el Tejido social, económico y también cultural de la sociedad argentina. Por ahora la porteña sigue viendo qué pasará en la Cámara mientras ningún índice económico parece recuperarse.
Para entender lo que está sucediendo y por qué la relación entre los Gobernadores y el Ejecutivo no mejora, debemos detenernos en las alianzas que no llegan. Según el Centro CEPA, Centro de Economía Política de Argentina: la recaudación tributaria sufre actualmente un importante impacto negativo, tanto a nivel nacional como territorial. Los ingresos provinciales provienen básicamente de dos fuentes: recursos propios como ingresos brutos, inmuebles, automóviles y timbres, entre otros, y recursos fiscales de origen nacional, provenientes principalmente de transferencias de coparticipación. Es decir, las transferencias fiscales de origen nacional representan gran parte de los ingresos provinciales: en promedio alcanzan el 56,6% de los recursos de la coparticipación federal, mientras que, si se incorporan el resto de las transferencias de origen nacional, el monto asciende al 70,3%. . del total. Por lo tanto, las provincias tienen un alto nivel de dependencia de recursos fiscales de origen nacional, principalmente de recursos compartidos, como Formosa, La Rioja, Catamarca, Chaco, Jujuy, San Juan, mientras que los niveles de recaudación de recursos locales son significativamente mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Es por esto que los Gobernadores no terminan de indicar si accederán o no al Pacto de Mayo ya que no reciben las acciones, ni del Fondo Nacional de Enseñanza ni del Fondo Provincial de Bienestar, lo que deja la negociación sin intereses. los dirigentes provinciales. Lo que hace pensar es que cuando piden convencer a la gente para que vote por la Ley de Nuevas Bases a fin de mes o no rechace el DNU en el Congreso, no es difícil pensar que los dirigentes ni siquiera intentarían hacerlo. . hablar con sus delegados. Aunque se supone que el gobierno debe conciliar todo lo que hace, parece querer sumar al enfrentamiento o aportar argumentos para que la intención del diálogo se rompa por completo.
El cuadro se completa así: hay más de 7 millones de pensionistas sobre la población total: entre pensionistas y pensionistas. Sin embargo, los mayores siguen perdiendo y es nuevo porque el hilo se vuelve a cortar en el punto más fino. Una actualización de la inflación de julio, aplicando la inflación de mayo. Es decir, a partir de esa fecha las pensiones aumentarán debido a la inflación. La base de actualización no incluye el bono, las actualizaciones de abril y mayo no aplicarían, en principio, a otros beneficios como la Asignación Universal por Hijo. En el mes de abril, según el reciente decreto, se prevén dos aumentos: uno del 12,5% que pretende «recomponer» el monto de las pensiones del mes de enero con una inflación mayor, equivalente al 20,6%) y otro de 13,2% sobre la inflación de febrero. Si se toman los $172,463 confirmados en abril, se espera que los activos de mayo sean de $193,294 y de junio sean de $215,396, ya que se espera que los precios aumenten. En junio se incrementará por la inflación de abril y también en este mes se comparará la fórmula de movilidad anterior que tomaba como referencia ingresos y salarios, que rondaría el 40%, pero este aumento no se aplicará en su totalidad, ya que Se actualizarán las variaciones del IPC de abril, mayo y junio y el incremento del 12,5%, teniendo en cuenta que, si este último es superior, los pensionistas no tendrán que devolver el diferencial. Es decir, en junio se descontará la diferencia entre lo previsto por la fórmula de movilidad y la inflación de los tres meses anteriores.
Según un estudio sobre el tema del Centro de Política Argentina que analiza con expertos los principales temas de actualidad: Los datos sobre la evolución de las pensiones muestran que: respecto al primer trimestre de 2023, en abril serían 32,5% menores en términos reales; en febrero alcanzarían un mínimo del 53% (un recorte del 47%), respecto al mismo trimestre; Los pensionistas pueden aspirar, en el mejor de los casos, a una consolidación de la pérdida en torno al 25%, mientras que la inflación con la caída del consumo tiende a bajar, por lo que seguirían perdiendo en unos meses. Por eso en la Comisión de Seguridad Social hay más de una decena de iniciativas entre las que proponen la cláusula de activación para incluir el bono en el monto mínimo. Seguirán insistiendo en que sea por ley porque no estuvo bien que después de dos reuniones se emitiera un decreto, desconociendo una vez más el trabajo legislativo.
La falta de políticas públicas y la ausencia de información sobre la mayor epidemia de dengue en la historia argentina, con más de 180 mil casos, es un capítulo más de las noticias de los últimos meses de la política local. Con la liberalización de precios de fondo que encarece mucho los repelentes pero no termina ahí porque los alimentos, las medicinas y cualquier producto o servicio pueden valer lo que indique el mercado, como espera el Megadecreto vigente desde el 20 de diciembre que el objetivo de desregular la economía.
