Del monitoreo reactivo a la prevención algorítmica: un análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el entramado urbano de Buenos Aires, el rol de las fuerzas en territorio y los desafíos éticos que plantea la ciudad del futuro.
La fisonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está mutando silenciosamente.
Quienes caminan a diario por sus avenidas suelen percibir la seguridad en términos analógicos: la presencia de un patrullero, el destello de una baliza o la mirada de un agente de prevención en la esquina. Sin embargo, bajo esa capa superficial de presencialidad, se está consolidando una infraestructura digital que redefine por completo la gestión del espacio público. La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de vanguardia para convertirse en el núcleo operativo de un cambio de paradigma irreversible: el paso de la seguridad reactiva a la prevención predictiva.
Esta transición plantea interrogantes profundos que exceden la mera eficacia técnica. Como profesionales del derecho y observadores de la dinámica urbana, nos obliga a analizar no solo cómo se previene el delito, sino bajo qué garantías y marcos institucionales se despliegan estas nuevas tecnologías en nuestra sociedad.
El modelo tradicional de seguridad urbana ha sido históricamente retrospectivo. El centro de monitoreo clásico funcionaba como un gran archivador de imágenes: el hecho ocurría, la central recibía la alerta y, en el mejor de los casos, las grabaciones servían a posteriori como material probatorio en un proceso judicial o de investigación. Un esquema útil para la etapa de esclarecimiento, pero intrínsecamente tardío para la prevención efectiva.
La incorporación de sistemas de aprendizaje automático (machine learning) quiebra esa lógica de raíz. La saturación de estímulos visuales —el factor de fatiga humana que inevitablemente afecta a cualquier operador frente a una pared de pantallas— se resuelve mediante la automatización analítica. Los algoritmos actuales no se limitan a registrar de forma pasiva; interpretan flujos de datos en tiempo real, transformando las cámaras en herramientas dinámicas de intervención temprana.
En el entramado actual de la Ciudad, este ecosistema inteligente se sostiene fundamentalmente sobre tres pilares operativos de alta complejidad computacional:
- Analítica de Comportamiento y Anomalías: Las redes de videovigilancia ya no dependen en exclusividad de que un ojo humano detecte un incidente. Los sistemas analizan patrones cinéticos en el espacio público de forma autónoma, identificando conductas atípicas —como aglomeraciones repentinas, trayectorias erráticas o el abandono sospechoso de objetos— emitiendo alertas instantáneas a los despachadores del servicio de emergencias 911.
- El Control del Tejido Conectivo (LPR): La consolidación del Anillo Digital representa un control perimetral estratégico. Los lectores inteligentes de patentes (License Plate Recognition) procesan millones de dominios diariamente, cruzando datos en tiempo real con registros de secuestro vehicular o irregularidades registrales, activando cerrojos policiales automatizados en cuestión de minutos.
- Criminología Basada en Evidencia: El patrullaje integrado ya no se diseña bajo criterios meramente intuitivos o históricos estáticos. Modelos predictivos procesan variables complejas —series temporales, datos de denuncias de las comunas, mapas de calor dinámicos y variables ambientales— para anticipar las zonas de mayor vulnerabilidad en franjas horarias específicas, optimizando el despliegue de los recursos humanos en el territorio.
El verdadero desafío de la seguridad inteligente no radica en la capacidad de cómputo, sino en la transparencia algorítmica. La incorporación de la IA en la prevención del delito debe subordinarse siempre al estricto control de legalidad y al respeto irrestricto de las garantías constitucionales vigentes.
Para el ámbito del derecho procesal y las libertades individuales, este escenario abre un debate doctrinario insoslayable. Si un algoritmo de modelado predictivo etiqueta un área específica o califica un patrón de conducta ciudadana como «sospechoso», originando consecuentemente una intervención o requisa de la fuerza pública, es imperativo que el Estado y las defensas técnicas puedan auditar la lógica interna de ese software.
La denominada «caja negra» de los sistemas de IA —donde el proceso interno de toma de decisiones del código resulta opaco o inaccesible— no puede transformarse bajo ningún concepto en una fuente de arbitrariedad estatal. Evitar los sesgos automatizados que puedan derivar en discriminación algorítmica o en la vulneración sutil del principio de inocencia es el gran límite ético y normativo que la gestión pública debe garantizar. La tecnología es un medio potente; la Constitución Nacional sigue siendo el fin supremo.
Existe la falsa percepción general de que la automatización tecnológica desplaza por completo la necesidad del factor humano. En la realidad cotidiana de las comunas porteñas, ocurre exactamente lo contrario: la tecnología eleva la vara de exigencia y formación sobre el personal de calle.
Los agentes de prevención y los efectivos de seguridad pública ya no pueden ser vistos como meros custodios analógicos; se convierten en los intérpretes críticos y decisores en última instancia de las alertas operativas que genera el sistema. La máquina provee eficientemente la correlación estadística y el dato preciso, pero la gestión pacífica del conflicto, el discernimiento ante la complejidad social de la calle y la aplicación rigurosa de los protocolos de derechos humanos siguen siendo facultades personalísimas e indelegables del ser humano.
La seguridad en la era digital no debe medirse por el simple volumen de dispositivos o cámaras instaladas en las luminarias, sino por la madurez e inteligencia institucional para gestionar esos flujos de información de forma responsable. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra ante la oportunidad histórica de consolidar un modelo de urbe inteligente donde la eficiencia tecnológica y el resguardo del marco convencional y constitucional avancen en perfecta sintonía. Solo bajo ese equilibrio conceptual, el nuevo paradigma de seguridad será capaz de ofrecer una ciudad que sea, al mismo tiempo, tecnológicamente protegida y fundamentalmente justa.
(*)Torcuato Marinelli es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor en temáticas jurídicas, derecho procesal y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito público.
