El secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), Fabián Catanzaro, denunció el crítico estado de desinversión que sufren las rutas nacionales y alertó sobre el inminente peligro que esto representa para millones de usuarios. Según reveló el dirigente sindical, las consecuencias del ajuste ya se palparon de forma directa durante las pasadas vacaciones de verano, cuando miles de familias se enfrentaron al deterioro de las calzadas al circular por el territorio argentino.

«Estamos en un triste nivel histórico en vialidad nacional, hoy tenemos un 70% de la red vial en mal estado«, sentenció Catanzaro con crudeza, puntualizando que el abandono presupuestario es generalizado y transversal a toda la cartografía federal: «En todo el país no hay provincia, ni ruta nacional que se salve».

El impacto de la falta de insumos mínimos golpea con especial dureza la temporada invernal en la Patagonia y las zonas cordilleranas. Los operarios abocados al despeje de caminos hoy carecen de los elementos básicos para garantizar la transitabilidad: «En este invierno, nuestros compañeros que están con la actividad invernal, hoy prácticamente no tienen ni cuchillas ni solución salina, para hacer el trabajo de despeje de nieve», graficó el referente del gremio.

Privatizaciones con fondos públicos y el traspaso a las provincias

Frente a la parálisis de la conservación de las rutas, el dirigente explicó el plan de privatizaciones que impulsa la Casa Rosada sobre los 43 mil kilómetros que componen la red vial nacional.

Catanzaro recordó que, previo a la actual gestión, el sistema concesionado bajo el cobro de peajes alcanzaba los 6.500 kilómetros. Sin embargo, el Ministerio de Economía activó un proceso licitatorio por tandas que busca transferir, en una primera etapa, unos 9.400 kilómetros a firmas privadas, con la ambición final de estructurar un esquema que otorgue 20 mil kilómetros de rutas a manos corporativas.

El gremialista describió un entramado de financiamiento que contradice el discurso del gobierno sobre el supuesto arribo de capitales privados para la obra pública. De acuerdo con su denuncia, el Estado Nacional utiliza sus propias herramientas financieras para subsidiar a los nuevos licenciatarios:

«Están adjudicando las concesiones y nos dijeron que era con inversión privada, pero metieron al Banco de Comercio Exterior que depende de Economía, prestamistas de las empresas que tomen las obras con tasas preferenciales o dos años de gracia para devolver la plata. A su vez, de garantía ponen un fondo pyme de garantía».

El referente gremial relativizó el optimismo del sector corporativo y advirtió que «la explosión de obras que algunos empresarios están hablando, no va a suceder», debido a que con este esquema existen numerosos tramos viales que resultarán económicamente inviables. En una segunda fase del plan del gobierno, se prevén transferir corredores nacionales directamente a las órbitas provinciales con la única finalidad de autorizarlas a implementar nuevas estaciones de peaje, pero transfiriendo la responsabilidad «además sin recursos».

«Hoy hay una gran incertidumbre porque el gobierno no plantea un esquema de gestión porque el gobierno solo plantea o traspasos a concesiones privadas, o a las provincias», criticó.

Ajuste de personal y denuncia de manipulación de datos sobre siniestros

La parálisis de las obras se complementa con un severo achicamiento de la planta de operarios especializados, lo que vacía de capacidad técnica al organismo. Catanzaro precisó que Vialidad Nacional sufrió una sangría equivalente al 25% de la fuerza  laboral que registraba hacia fines de 2023. De una plantilla histórica que promediaba los 5.600 empleados calificados, el organismo cuenta hoy con menos de 4.200 trabajadores.

«Se han ido trabajadores especializados y capacitados. Si sumamos la baja de personal y el recorte presupuestario, nos dejan una vialidad nacional muy debilitada para poder salir a hacer nuestras tareas», lamentó el gremialista.

El dirigente vinculó el estado de las banquinas y el asfalto con el dramático incremento de la siniestralidad en el país. En esa línea, denunció la existencia de una maniobra de ocultamiento oficial de la información estadística para enmascarar los efectos de la desinversión en seguridad vial: «Hay una política decidida de dejar las rutas, pero hay también un gran apagón estadístico. Nos quieren mostrar que no aumentaron los siniestros y se han triplicado las víctimas fatales».

Frente al avance del deterioro estructural y el riesgo de vida latente en los corredores del país, Catanzaro confirmó que la federación gremial formalizó un pedido de audiencia ante el Congreso de la Nación con el objetivo de exigirle a los legisladores de todos los bloques que declaren de forma urgente la Emergencia Vial en todo el territorio de la República.