El Gobierno nacional confirmó la licitación para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X: este viernes “se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 por ciento de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”. El convenio será por 30 años, con posibilidad de prórroga. Caputo dice que con los privados la empresa “va a andar mejor”. Sin embargo los antecedentes revelan lo contrario: durante la anterior privatización, la compañía paralizó la extensión de la cobertura porque delegaba en los usuarios el pago de las obras para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas que, por contrato, se había comprometido a brindar. Con la reestatización posterior en 2006, por decisión del presidente Néstor Kirchner, se avanzó con la expansión en infraestructura y cobertura que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó el titular de Hacienda, con un discurso que repite el libreto de los años noventa y desconoce lo que ocurrió con la firma en la anterior pase a manos privadas.

Desde Economía, informaron que el Ejecutivo busca concretar la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más. AySA es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Las otras que figuran en la lista a rematar son Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, insistió el ministro, negando la historia reciente.

La decisión se enmarca en la desesperación de la administración libertaria por conseguir divisas que le permitan equilibrar las cuentas públicas. En esa carrera, afectan intereses de la mayoría de la población, mientras mantienen los priveligios del sector financiero y primario. Se estima que el Estado busca recaudar cerca de 500 millones de dólares, por esta transferencia.

El proyecto contempla una etapa de transición (2024-2026), donde la gestión de la firma tendrá que cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas. Y otro momento que el Gobierno llama “Nueva era” (2027-2031): comienza en enero del año próximo con el “Primer Ciclo Tarifario” bajo el control privado y el desarrollo de las metas de inversión acordadas.

Quién es quién: los que quieren AySa

Los involucrados por adquirir la mayoría de la empresa, que debe proveer agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, son Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filibert (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento y la chilena Aguas Andinas.

En el caso de las últimas se da una paradoja: son las firmas que compraron la francesa Suez. Se trata de la compañía que manejó Aguas Argentinas desde 1993 hasta su posterior reestatización, por incumplimiento del contrato. Sin embargo Suez demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Mientras el 90 por ciento de las acciones pasan a grupos privados, el 10 por ciento restante quedará para los trabajadores.

La historia reciente

En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó la vuelta de la prestación del servicio de aguas y cloacas al Estado. Le rescindió el contrato a Aguas Argentinas y creó Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Por entonces, el Gobierno acusó a la firma de “poner en peligro la salud de la población”, por nivel de nitratos encontrado en algunas localidades, y de paralización de la infraestructura que había sido acordada en el contrato.

Con esa decisión del Ejecutivo inició una etapa de fuerte inversión para expandir la cobertura y garantizar el acceso. En agua potable pasó del 76 por ciento al 85 por ciento en 2024. Cloacas creció del 57 por ciento al 72,6 por ciento en 2022.

Las grandes obras de infraestructura a cargo del Estado en ese tiempo fueron incluyeron el saneamiento del Riachuelo, con un megacolector de 30 km, una planta de pretratamiento en Dock Sud y un emisario que se interna 12 km en el Río de la Plata para mejorar la capacidad cloacal de 4.3 millones de personas; la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre, para abastecer a la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires; y el sistema Agua Sur, que aseguró el abastecimiento de agua potable en los municipios del sur del conurbano.

Por Bernarda Tinetti- PÁG  12