Bajo la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llevó adelante este lunes un pañuelazo en la Plaza del Congreso. Desde la organización denunciaron “un vaciamiento sistemático de las políticas de salud sexual y (no) reproductiva” por parte del Gobierno Nacional.

En Argentina, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada en diciembre de 2020 e implementada en todo el país en enero del 2021. La Ley 27.610 garantiza el derecho a la IVE hasta la semana 14 inclusive y la semana 15 cuando el embarazo fue producto de una violación o pone en riesgo la vida de la persona gestante.

“Ahora lo que está sucediendo es que si bien la ley está vigente, el derecho a la IVE no se está pudiendo garantizar en todo el país. La implementación se está dando de manera muy asimétrica y heterogénea y depende de que cada provincia tenga la decisión política de comprar o no los insumos”, aseguró Andrea Zamparini, articulante de la Campaña Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la asunción de Javier Milei, el Estado redujo un 57 por ciento el presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva, dejando la compra de materiales y medicamentos en manos de los gobiernos provinciales. “En el recorte de equipos territoriales y la parálisis de la entrega de insumos, el Poder Ejecutivo incumple las obligaciones sanitarias vigentes, atenta de forma directa contra los avances de la Ley 27.610 y profundiza la desprotección estatal, especialmente de los sectores más vulnerabilizados del país”, aseguraron desde la organización en un documento.

A la falta de insumos se agrega la desarticulación de programas como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA. Desde su implementación en el año 2017, esta política había logrado reducir en un 58 por ciento la tasa de embarazo no intencional en adolescentes. A principios del 2024, el Gobierno Nacional despidió al 80 por ciento de los trabajadores a cargo de su aplicación y de 2023 a 2025 redujo en un 85 por ciento su presupuesto, volviendo inviable su implementación.

Alejandra Iriarte, de la Red de Abogadas Feministas (RAF) alertó sobre la presencia de grupos que buscan coartar el derecho a la IVE hacia adentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Estos sectores antiderechos están aliados especialmente con el Ministerio de Salud de la Ciudad, tienen una fuerte presencia en los Centros de Salud y en algunas instituciones están restringiendo el acceso al aborto”, aseguró. La abogada afirmó que estas organizaciones “salieron de la imagen del feto y copiaron la estética de los feminismos” y perciben financiamiento del GCBA a través de programas destinados a la atención al embarazo vulnerable.

Las referentes del sector remarcaron la importancia de seguir ocupando las calles para defender el derecho a la IVE: “Sostenemos firmemente que la soberanía sobre nuestros cuerpos no se negocia. Con la convicción y la memoria intacta, exigimos el cumplimiento de las leyes vigentes y continuamos ocupando las calles y cada espacio político hasta que decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos se vuelva costumbre”, remarcaron desde la Campaña Nacional, en una declaración leída durante el acto.

Informe: Felicitas Recalde.