El deterioro del mercado de trabajo argentino muestra una de sus caras más preocupantes en el crecimiento del empleo sin protección. Desde 2024 se incorporaron alrededor de 350 mil nuevos trabajadores a ocupaciones desprotegidas, en paralelo con la pérdida de puestos tanto en el sector público como en el empleo privado formal.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer trimestre de 2026. Según el relevamiento, el 45,2% de los ocupados se encuentra actualmente en situación de desprotección laboral.

El concepto comprende a personas que desarrollan tareas sin aportes, sin continuidad laboral y sin una estructura o capital propio estable. En buena medida, se trata de trabajadores que encuentran en las changas y otras modalidades precarias una alternativa frente a la imposibilidad de acceder o permanecer en puestos registrados.

El fenómeno también tiene un fuerte correlato salarial. Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los trabajadores se ubicó en $1.076.056 mensuales, mientras que entre los cuentapropistas fue de aproximadamente $524.000, un 51% menos que la media. Entre los asalariados informales, en tanto, el promedio alcanzó los $700.000 mensuales, un 35% por debajo del ingreso medio, de acuerdo con datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Jóvenes y mujeres, entre los más afectados

La precarización laboral golpea particularmente a los trabajadores más jóvenes. Según el informe, la tasa de desprotección entre los jóvenes pasó del 53% en 2024 al 62% durante 2026.

Entre los varones jóvenes se perdieron 30 mil puestos en el sector público y otros 96 mil empleos privados protegidos, lo que representa 126 mil puestos laborales de calidad menos. Parte de quienes quedaron afuera del mercado formal pasaron a realizar tareas precarias: el IAG contabilizó un incremento de 65 mil jóvenes dentro del universo de trabajadores desprotegidos.

Las mujeres también aparecen particularmente afectadas por la transformación del empleo. En los últimos dos años, la cantidad de trabajadoras dentro del sector privado desprotegido aumentó 14,1%, mientras que entre los varones el crecimiento fue del 9,3%.

El informe relaciona parte de esa diferencia con la reducción del empleo público. De los 212 mil puestos estatales destruidos desde el cambio de gestión, 132 mil correspondían a mujeres y 79 mil a varones.

Otro dato significativo aparece entre los adultos mayores. Según el IAG, la cantidad de personas en edad jubilatoria que permanecen o regresaron al mercado laboral creció un 14% durante los últimos dos años, fenómeno que el organismo vincula con los bajos ingresos. Además, quienes vuelven a trabajar lo hacen mayoritariamente en actividades precarias.

En este escenario, uno de los principales problemas para el mundo laboral es que los puestos registrados que desaparecen no están siendo reemplazados por empleos de características similares, sino por formas de inserción con menores ingresos y protección social.

Los números reflejan así una transformación que excede a la evolución del desempleo: una persona puede continuar figurando estadísticamente como ocupada y, al mismo tiempo, haber pasado de un empleo registrado a una changa o actividad informal sin aportes ni estabilidad.

Para el movimiento sindical, el avance de estas modalidades supone además un desafío creciente. La expansión de trabajadores por fuera del empleo registrado no solamente impacta sobre salarios, jubilaciones y cobertura social, sino que reduce el universo alcanzado por convenios colectivos, representación gremial y otras herramientas tradicionales de protección laboral.

FUENTE,  MUNDO GREMIAL