Gremios

Escándalo en el Garrahan: apuntan a Lugones por malversación de fondos y denuncian sumarios masivos a trabajadores

CONFLICTO EN AUMENTO

El Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza Mario Lugones, quedó en la mira judicial por haber colocado 58 mil millones de pesos en activos financieros en vez de comprar insumos y medicamentos para el Hospital Garrahan. La dirección del nosocomio pediátrico inició causas a 44 profesionales, desvinculó a la titular de la APyT, Norma Lezana. ATE y la APyT marcharon este miércoles en un abrazo simbólico por la extensión de la Ley de Emergencia Pediátrica.

El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo y grave capítulo que coloca en el centro de las acusaciones al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y a la conducción administrativa del centro de salud pediátrico más importante del país. En un escenario de conflicto abierto por el congelamiento salarial, el déficit de personal y la escasez de insumos, las organizaciones sindicales de la entidad formalizaron una dura ofensiva en los tribunales federales denunciando maniobras de malversación de fondos públicos y una campaña de persecución contra la dirigencia gremial que rechaza las políticas del Gobierno nacional.

 

La tensión escaló a niveles inéditos luego de que la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) presentara una denuncia penal contra el ministro Lugones y contra el director del hospital, Mariano Pirozzo. La acusación judicial, radicada en el juzgado federal de María Servini, apunta al presunto desvío y utilización irregular de un fondo presupuestario por 58.107 millones de pesos. De acuerdo a los informes a los que accedió la justicia tras un recurso de amparo interpuesto por el gremio, esa cuantiosa suma de dinero público, destinada originariamente a la adquisición de medicamentos de alto costo, prótesis y la atención de pacientes, terminó colocada en instrumentos financieros, como bonos de la deuda a 13 años y fondos comunes de inversión, en lugar de ser volcada a las acuciantes necesidades operativas del establecimiento.

Norma Lezana, titular de la APyT

La referente de APyT, Norma Lezana, denunció públicamente la gravedad de la maniobra: “A través de un informe económico que la Justicia obligó al hospital a emitir, vimos que las prótesis y los medicamentos de alto costo están en un fondo invertido en bonos de la deuda a 13 años. Son $58 mil millones, de los cuales gastaron $15 mil millones en 2025 en seguridad, mientras faltan insumos esenciales. Hubo muchas compras de manera directa, sin licitación pública”, explicó en diálogo con Perfil.

Denuncia por persecución gremial en el Hospital Garrahan

Paralelamente al frente judicial por las finanzas del nosocomio, el accionar del ministro Lugones y de la dirección hospitalaria es fuertemente cuestionado por desplegar una política de amedrentamiento y hostigamiento contra la representación sindical en el Garrahan. En una maniobra tildada de arbitraria y discriminatoria, la administración avanzó con la cesantía de Lezana mientras gozaba de su respectiva licencia gremial, al tiempo que instruyó un paquete de sumarios disciplinarios plagados de irregularidades procedimentales que alcanza a 44 profesionales e integrantes del equipo de salud.

Desde las organizaciones gremiales marcaron una clara diferencia entre la conducta oficial hacia la dirigencia independiente y su trato hacia las cúpulas de los gremios tradicionales. Sobre esta situación se pronunció Gerardo Oroz, trabajador del Garrahan y Secretario Adjunto de la Junta Interna de ATE, quien afirmó: “También rechazaremos la persecución que estamos sufriendo, con sumarios y causas que apuntan a cesantear y suspender a los dirigentes de los sindicatos independientes del Garrahan. Es importante destacar que el Gobierno no ataca al ‘gremialismo’ en general, porque con UPCN firma paritarias a la baja en forma sistemática, y sus dirigentes son bien recibidos en las oficinas de la dirección hospitalaria. Para ATE y APyT, en cambio, hay persecución constante, dado que no transamos con el poder de turno y levantamos todos los reclamos con independencia de quién esté al frente del poder”, apuntó el gremialista.

En igual sentido, el Secretario General de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, contrastó las campañas de comunicación gubernamentales con la realidad cotidiana que padecen los trabajadores: “Queremos sacar a la luz al verdadero Garrahan, que es muy distinto al que Milei y sus funcionarios de abultados sueldos difunden en redes sociales. En el Garrahan real, no ingresa personal de enfermería hace tres años, con lo cual la reducción causada por renuncias y jubilaciones tira hacia abajo las condiciones de trabajo y la calidad de atención. En el Garrahan real, se eliminó cualquier vestigio de transparencia en el manejo de los fondos: el director Pirozzo dijo en televisión que el hospital recauda ‘el doble’, pero el ítem salarial ligado a esa facturación está congelado hace años. ¿Dónde va ese dinero?”.

Lipcovich remarcó además la impunidad con la que operan los funcionarios responsables de la infraestructura hospitalaria, recordando que “es emblemático el caso del helipuerto: hace menos de un año, salía a la luz pública que estaba fuera de servicio por la denuncia que hicimos los trabajadores durante nuestras medidas de protesta. Gracias a eso, el Gobierno estuvo forzado a repararlo. Sin embargo, las enfermeras que hicieron conocer esa situación están amenazadas con sanciones gravísimas, mientras los funcionarios responsables de ese deterioro innecesario posan sonrientes en videos para redes sociales”.

Abrazo al hospital y exigencia por la Ley de Emergencia Pediátrica

En respuesta a la crisis provocada por la falta de inversión, las renuncias masivas de personal capacitado por bajos salarios y el inminente vencimiento de los marcos regulatorios de protección, la comunidad del nosocomio se movilizó en las puertas de la sede de la calle Combate de los Pozos. Bajo la premisa de respaldar al equipo de salud y a las familias asistidas, ATE y APyT convocaron a un masivo abrazo simbólico a la institución con la presencia de legisladores, referentes de derechos humanos y periodistas.

El reclamo central de la jornada exigió la prórroga urgente de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, cuyo plazo de vigencia expira el próximo 21 de octubre, norma que fue sancionada reiteradamente por amplia mayoría legislativa pero que la gestión de Lugones mantuvo inactiva. Los gremios advirtieron que la ratificación y aplicación efectiva de esta ley resulta vital para garantizar la actualización salarial del personal, restituir el régimen preexistente de residencias médicas y asegurar la entrega sin demoras de prótesis, insumos y medicamentos para los miles de niños que se atienden en el nosocomio.

FUENTE. MUNDO GREMIAL

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