El CONICET advierte los peligros de habilitar el aeropuerto de El Palomar

La Justicia Federal de San Martín ignoró por completo el informe del CONICET que desaconseja categóricamente la utilización de la Base Militar de El Palomar como aeropuerto comercial y que señala todos los errores, omisiones, falencias, inconsistencias y ocultamiento de información de los estudios ambientales hechos por Aeropuertos Argentina 2000 y firmados por personas que carecen de la habilitación profesional necesaria para elaborar ese tipo de estudios. Así lo hicieron saber los representantes de los vecinos que se oponen a la habilitación como aeropuerto comercial.

Las razones de los vecinos 

El INFORME del CONICET desaconseja categóricamente la utilización de la Base Militar de El Palomar como aeropuerto comercial por el DAÑO al AMBIENTE y a la SALUD de las personas que ocasionará:

1) La Base Militar de El Palomar: Una de las PEORES ubicaciones del MUNDO para un aeropuerto comercial:

La ubicación de El Palomar, respecto de las viviendas que los circundan, lo ubican entre las peores ubicaciones dentro del contexto internacional, para operar un aeropuerto. Se encuentra entre los que menor distancia tienen entre la cabecera de pista y las viviendas próximas.

2) EL INCOMPARABLE ANTECEDENTE del 2010:

El antecedente de 2010 no tiene punto de comparación con la situación planteada para el futuro inmediato.

Esas aerolíneas no poseían aviones grandes y el nivel de ruido era muy inferior al que está programado y que está en discusión.

Los niveles de ruido que se consideran en los escenarios futuros son muy superiores a cualquier circunstancia histórica en el lugar. Incluyendo los vuelos de noviembre de 2010.

3) El OCULTAMIENTO de INFORMACIÓN en los MAPAS de RUIDO que IMPIDE EVALUAR la MAGNITUD del DAÑO:

Las hipótesis sobre la que se hacen los mapas de ruido no están claramente descriptas.

La imprecisión y falta de transparencia no permiten el intercambio de ideas sobre este punto.

No se explicita la cantidad de población que estaría expuesta a dosis mayores que 55, 65 y 70 Dba.

Su ausencia en el informe es un acto inexplicable que impide evaluar la magnitud del daño que provocara el trafico aeroportuario.

Se estaría teniendo en cuenta el ruido del paso de solo una aeronave y no se tiene en cuenta que la molestia se acumula con las múltiples operaciones del aeródromo.

Un evento aislado puede ocasionar una molestia leve, pero su reiteración a lo largo del día constituye un daño a la salud.

4) La INEXISTENCIA TOTAL de medidas de mitigación:

No se sugieren medidas activas de mitigación, ni parquizaciones, ni traslados ni planes de insonorización. No se menciona ninguna inversión con ese fin. Esta  evaluación  de  costos  se  encuentra  ausente  en  la  planificación  de  El Palomar.

Asume que primero hay que provocar el daño ambiental para luego iniciar una mitigación con el perjuicio consumado.

5) El OCULTAMIENTO de la INFORMACIÓN de la CANTIDAD DE VUELOS INCUMPLIENDO lo exigido por la OACI: La proyección de vuelos en los escenarios futuros son imprecisas e impiden hacer evaluaciones apropiadas de la exposición total al ruido.

Y eso está en contradicción con las recomendaciones de la OACI en la que se suelen programar escenarios con una antelación de al menos 10 años.

6) OMISIONES y FALLAS en la inválida medición de ruidos in situ:

La medición de ruidos in situ no aclara en sus valores equivalentes los tiempos en los que se está tomando la exposición.

Si no se especifica ese tiempo dado, es imposible razonar a partir de ese valor, ya que no es lo mismo el Leq de un segundo (que es el que se usa para medir el SEL) que el de 5 minutos que el de  un  día  completo.

La  no  explicitación  del  tiempo  de  integración  invalida cualquier análisis subsiguiente e imposibilita su interpretación e implicancias.

7) El DESCONOCIMIENTO TÉCNICO de quienes hicieron los estudios ambientales por utilización de la inapelable norma IRAM 4062:

La aplicación de la norma IRAM 4062 para evaluar la molestia del ruido provocado por aeronaves no corresponde por la misma formulación de la norma y demuestra desconocimiento técnico en la evaluación del impacto ambiental de ruidos aeroportuarios.

La comparación entre el cálculo y las mediciones tiene errores muy grandes, que deben ser estudiados mejor y ser comprendidos, por los que elaboraron los informes, antes de utilizar las simulaciones para tomar decisiones en políticas públicas.

  La Justicia Federal de San Martín, también ignoró las dos denuncias penales por la violación de la misma medida cautelar que ahora tuvo el tupe de levantar, sin siquiera haber impuesto una sanción ni haber exigido ni una simple explicación ni a FlyBondi ni al Gobierno.-

Resulta gravísimo que la Justicia Federal de San Martín permita que el Gobierno EXPERIMENTE con la POBLACIÓN como si fuésemos conejillo de laboratorio sosteniendo que “el incremento de las cantidades de vuelos previstos permitirá obtener más datos” del impacto ambiental.-

Es decir, la Justicia Federal de San Martín esta avalando que se produzca el daño ambiental y a la Salud con el mero fin de realizar “estudios de impacto ambiental” EXPERIMENTANDO con la SALUD y la VIDA de TODA la POBLACIÓN para dentro de unos años reconocer lo que es MUNDIALMENTE RECONOCIDO como una de las actividades más nocivas y dañinas para ser realizadas en zonas urbanas como es la aviación comercial cuando el daño irreparable ya este producido.-

➢   Los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín, Juan Pablo SALAS, Marcos MORAN y Marceo Darío FERNÁNDEZ, siguen sin resolver las apelaciones del 16/1/2018 y del 2/2/2018, haciendo tiempo hasta que se levantara por completo la cautelar, tal como finalmente ha sucedido hoy, para luego rechazar las apelaciones bajo el falaz argumento de que se han tornado abstractos ante el hecho consumado tal como ya lo han hecho en el pasado.-

➢   Asimismo, es importante destacar que el Juez Barral, es el mismo Juez Penal de Morón que tiene la causa penal por la destrucción del SITIO de MEMORIA de la Base de El Palomar desde diciembre del 2017 y hasta el día de la fecha no ha hecho absolutamente nada.-

Los abogados insisten en que «a pesar de la consternación que produce esta nueva injusticia, seguiremos luchando e interponiendo los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales en defensa de nuestra salud y de nuestra vida».