Despidos y 100 mil trámites «trabados» en el Servicio Nacional de Pensiones

Los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) paralizan sus actividades este miércoles 18 de abril. La jornada es para manifestarse en rechazo a 61 desvinculaciones y para demandar que se simplifiquen los trámites para solicitar los beneficios por discapacidad.

La medida de fuerza se determinó  durante una asamblea realizada en la sede central, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, en donde se decidió llevar adelante un paro nacional en todas las dependencias del organismo público.

Por otro lado, se confirmó el estado de alerta y asamblea permanente, y se resolvió iniciar una campaña de difusión para explicar que existen 100.000 carpetas «trabadas» de nuevos beneficiarios y que fueron cesanteados 61 trabajadores de la actividad.

«Esos despidos significan otro paso en el vaciamiento que impulsa el gobierno nacional», expresó Walter Pignataro, delegado general de la Junta Interna de ATE, quien agregó que las nuevas pensiones «están paradas, trabadas y sin posibilidad de que se apruebe en lo inmediato su otorgamiento», por lo que se denunciará «las políticas oficiales».Entre las 61 personas desvinculadas, según el representante de base, hay 5 delegados gremiales, un integrante del consejo directivo de Córdoba y otro de Necochea, aseguró.

Silvia León, secretaria de Organización nacional del gremio, ratificó el plan de lucha sectorial y sostuvo que «la ATE está de pie en todo el país y continuará resistiendo».

«El sector de Pensiones tiene un gran impacto porque se relaciona con la salud y la vida de la población», concluyó León en el documento de prensa.

Pedido de informes

La Senadora Silvina García Larraburu pidió informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre los 60 despidos de personal del Servicio Nacional de Pensiones, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social y, por decreto, se trasladó a la esfera de Presidencia de la Nación.

Subrayó su preocupación por el futuro de los trabajadores y sus familias, así como por el devenir de los beneficiarios, adultos mayores y discapacitados que mensualmente recibían sus retribuciones en estas dependencias. “Urge el cese del proceso de estigmatización del empleo público, sobre todo en áreas tan sensibles donde el rol de los trabajadores es un eslabón fundamental de la sociedad”.

“Además, las notificaciones de los despidos no se hicieron conforme al procedimiento de ley, el personal recién tomó conocimiento de los ceses, con la presencia de la policía que les impidió el acceso a las dependencias del área. Lamentablemente el Gobierno ratifica su postura en contra del empleo público”, señaló.

Especificó: “Se trata de agentes que trabajan a diario con el segmento de beneficiarios más vulnerables de la sociedad, quienes más allá de su avanzada edad, su discapacidad o el estado de soledad en que se encuentran, están siempre en los estamentos más pauperizados y desprotegidos económicamente”.

Según han denunciado los damnificados, esta medida complementa una política de vaciamiento del sistema de pensiones. “Existen centros de atención con alquileres impagos; han cerrado oficinas estratégicas; se tercerizó la liquidación de haberes y hay miles de trámites demorados, entre otros puntos”, finalizó.