Crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas: ATE advierte que 576 trabajadores podrían perder sus empleos
Rubén López, delegado de ATE en la obra social de las Fuerzas Armadas, explicó en COMUNAS AM los motivos de la protesta realizada en la sede central del organismo. Denunció que cientos de trabajadores fueron informados de que dejarían de tener empleo a partir del 30 de septiembre y aseguró que los dirigentes sindicales terminaron con una causa judicial después de ingresar al edificio para reclamar respuestas.
La crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas sumó un nuevo capítulo con la protesta de trabajadores nucleados en ATE, quienes reclaman una respuesta ante la posibilidad de que cerca de 600 personas pierdan sus puestos de trabajo a fin de mes.
Rubén López, delegado sindical de ATE, explicó en diálogo con COMUNAS AM por Radio Belgrano que la situación generó una fuerte preocupación entre los trabajadores luego de que fueran informados de que el próximo 30 de septiembre podría finalizar su relación laboral.
“La verdad fue algo que ninguno de nosotros esperaba”, señaló López, quien describió “momentos de angustia” entre los empleados afectados.
Según precisó durante la entrevista, son 576 las familias que actualmente se encuentran frente a la posibilidad de quedarse sin una fuente laboral.
La cifra coincide con la denuncia difundida por ATE en las últimas horas. El sindicato sostiene que la reestructuración de la obra social pone en riesgo alrededor de 600 empleos y también afecta hoteles, centros recreativos y otros servicios que formaban parte de la estructura del antiguo IOSFA.
La protesta y una reunión que terminó con intervención policial
López explicó que los trabajadores se hicieron presentes en la sede central para exigir explicaciones y reclamar que se revierta la situación.
De acuerdo con su relato, representantes de los trabajadores ingresaron al edificio mientras se desarrollaba la protesta y posteriormente mantuvieron una reunión con autoridades de la obra social.
El encuentro, sin embargo, terminó en un conflicto con la Policía de la Ciudad.
“Nosotros estábamos en la toma dentro del edificio, se acercó la Policía de la Ciudad”, relató López. Según explicó, los trabajadores aceptaron retirarse momentáneamente mientras una delegación era recibida por las autoridades.
Tras la reunión, aseguró, los dirigentes se encontraron con que la Policía no les permitía retirarse y se les inició una causa.
“Nos hicieron una causa a los propios trabajadores”, afirmó.
La existencia del procedimiento fue informada también por otros medios: dirigentes de ATE, entre ellos Rubén López, fueron obligados a firmar un acta por presunta violación de domicilio después de la ocupación de la sede.
“Estamos hablando de 576 familias”
Más allá del episodio ocurrido durante la protesta, López puso el foco en la incertidumbre que atraviesan los empleados.
Durante la reunión, según relató, las autoridades se comprometieron a dar una respuesta antes del 30 de septiembre para determinar qué ocurrirá con los 576 puestos de trabajo.
Mientras esperan esa definición, ATE resolvió mantener el estado de alerta.
“Nosotros estamos dispuestos a hacernos presentes en el primer turno en cada lugar de trabajo y quedarnos adentro”, anticipó López.
La decisión, explicó, fue votada en una asamblea en la que participaron trabajadores provenientes de distintas provincias.
Una obra social atravesada por las deudas
El delegado sindical también cuestionó la situación financiera en la que quedó la obra social y responsabilizó a las sucesivas administraciones por el endeudamiento acumulado.
“Ellos han generado una deuda hace dos años y no van detrás de los que generaron la deuda”, sostuvo.
López aseguró que el problema financiero termina trasladándose a trabajadores que perciben salarios de entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales, además de afectar a sus familias.
Las cifras globales de deuda son motivo de diferencias. Fuentes de la actual administración mencionan obligaciones superiores a los $200.000 millones, mientras que ATE sostiene que el pasivo supera los $500.000 millones.
El conflicto se produce además en pleno proceso de reorganización de la cobertura sanitaria militar. El DNU 88/2026 dispuso la división del antiguo IOSFA y la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mientras la estructura anterior quedó en proceso de liquidación.
El 30 de septiembre, la fecha clave
Los próximos días serán determinantes. López anticipó en COMUNAS AM que los trabajadores aguardarán la respuesta comprometida por las autoridades, pero dejó en claro que las medidas continuarán si no existe una solución.
El sindicato ya había advertido públicamente que podría profundizar el plan de lucha y extender las protestas a otras dependencias.
Así, el 30 de septiembre aparece como la fecha decisiva para cientos de empleados y sus familias.
“Estamos hablando de 576 familias a nivel nacional que se quedan sin trabajo”, resumió López.
