El conflicto, que mantiene paralizada la producción desde el inicio de un cese patronal el pasado 18 de febrero, cuando la empresa anunció su cierre, sumó un nuevo capítulo de confrontación en la última audiencia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Allí, la representación sindical acusó a la empresa de utilizar una «ilegal asfixia económica» como método para forzar desvinculaciones, ignorando incluso los fallos judiciales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que ordenan el pago de los sueldos adeudados.

El pedido de embargo y la denuncia de «falso relato»

Ante la persistencia de la deuda salarial, el gremio que conduce Alejandro Crespo informó que solicitó formalmente que se trabe un embargo por 5.200 millones de pesos contra FATE ante el Juzgado Laboral N° 17. Los trabajadores concentrarán a las 15:30 hs frente a dicha sede judicial antes de dirigirse hacia Plaza de Mayo.

Durante la audiencia, el gremio desmintió las versiones de la patronal sobre la supuesta falta de acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de los operarios. «Los trabajadores de FATE seguimos a disposición para poner la fábrica en funcionamiento. Están las condiciones dadas para que la planta se ponga a producir mañana mismo», manifestaron desde el gremio, subrayando que son cientos de operarios, empleados de logística, seguridad y comedor quienes reclaman la reapertura inmediata de la planta.

El rol de la Provincia y el proyecto de ley

Un punto clave del conflicto es el pedido de intervención directa del gobernador Axel Kicillof. El sindicato solicitó una reunión urgente con el mandatario provincial debido a la gravedad institucional que implica el cierre de una empresa estratégica para el transporte nacional.

En paralelo, el gremio impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de “ocupación temporánea” (expediente 141/25/26), que permitiría la continuidad productiva de la fábrica bajo control estatal o cooperativo ante el abandono de la firma liderada por Javier Madanes Quintanilla.

Denuncia por el estado de la planta

El SUTNA también criticó duramente a la cartera laboral provincial por la demora en enviar inspectores al predio de San Fernando. Exigen que se constate de forma urgente que las máquinas se encuentran en estado adecuado para producir, señalando que instituciones como la Autoridad Regulatoria Nuclear respondieron de forma inmediata ante pedidos similares, mientras que el Ministerio de Trabajo aún no ha realizado las verificaciones de campo necesarias.

«Es peligroso que a esta empresa se le permita el control de un bien estratégico como la producción de neumáticos… habiendo demostrado cómo maneja solo intereses comerciales sobre producción fundamental para el funcionamiento del país», apuntaron los representantes gremiales en el acta de la audiencia.

FUENTE. MUNDO GREMIAL