Colectivos en el AMBA: Marita Velázquez presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique el recorte de frecuencias y subsidios
La diputada nacional oriunda de Lomas de Zamora, referenciada en Guillermo Moreno, pidió informes sobre el esquema de subsidios, el costo real del boleto y la caída de pasajeros en el último bimestre. Señala que el servicio se deteriora mientras el Estado demora los pagos a las empresas.
En la presentación pide que el Gobierno nacional detalle el estado del sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La iniciativa surge en medio de reclamos empresariales, reducción de frecuencias y aumentos sostenidos del boleto, y apunta directamente al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Transporte.
Pone el foco en cuatro ejes: el esquema de subsidios, la situación financiera de las empresas, el impacto del aumento del gasoil y la caída en la cantidad de pasajeros transportados. Velázquez busca cuestionar la política de transporte de la gestión de Javier Milei y advertir sobre el deterioro del servicio en una región donde conviven tres administraciones distintas sobre el sistema.
Hoy el AMBA está fragmentado en tres jurisdicciones: el Gobierno de la Ciudad maneja las líneas que circulan solo en CABA, la Provincia de Buenos Aires controla las que operan dentro de su territorio, y el Estado nacional tiene las líneas interjurisdiccionales. Aunque cada una tiene su estrategia tarifaria, en los últimos meses los aumentos siguieron una dinámica similar, atados a la inflación y a los costos operativos.
En el último año las tarifas subieron 39,47% en la provincia de Buenos Aires y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del INDEC para el período. Citando un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la diputada advierte que la cantidad de pasajeros cayó 11% en marzo y 21% en abril respecto de 2025, atribuyéndolo al aumento de tarifas y al deterioro económico y laboral.
Distintas cámaras empresarias firmaron un comunicado en el que alertan que es imposible sostener el servicio con los costos actuales, especialmente tras el aumento del gasoil. Entre ellas aparecen CTPBA, CEUTUPBA, CEAP y CETUBA. El texto señala que desde abril varias empresas comenzaron a reducir frecuencias en servicios nacionales y provinciales.
El pedido de informes también incorpora críticas políticas a la gestión libertaria. Velázquez sostiene que se prometieron desregulaciones y mejoras, pero hoy hay “menos colectivos en la calle”, líneas fusionadas o desaparecidas y mayores tiempos de espera. Menciona como ejemplos las fusiones de las líneas 90 y 151, 6 y 50, 99 y 106, además de la situación de la línea 23.
En concreto, el proyecto exige que el Ejecutivo responda 10 puntos: el monto destinado a subsidios en 2026 y el promedio por pasajero y kilómetro; cuánto costaría el boleto mínimo sin subsidios; los plazos de pago a las empresas; el listado de compañías beneficiadas; la deuda acumulada por subsidios impagos; la frecuencia promedio que deben cumplir las líneas; por qué no se actuó tras el comunicado empresario del 31 de marzo de 2026; el impacto del combustible en el costo del servicio; si el presupuesto alcanza para futuros reclamos salariales; y si el Gobierno impulsará una solución integral para la distribución de subsidios.
Para Velázquez, el escenario actual muestra un servicio en retroceso mientras los subsidios llegan tarde y las empresas no logran cubrir costos operativos. El pedido busca poner presión sobre la Secretaría de Transporte para que explique si hay un plan para revertir la caída de frecuencias y evitar un nuevo salto en el boleto.
