Avanza la causa por lavado contra Niembro
El juez federal Sebastián Casanello convalidó todas las medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González y formalizó los pedidos de informes a diferentes organismos públicos y privados. Ejes de la investigación.
TIEMPO ARGENTINO-.
El juez federal Sebastián Casanello avanza en la pista por presunto lavado de dinero contra el periodista y ex candidato a diputado por Cambiemos, Fernando Niembro. Después de haber convalidado todas las medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González, hizo efectivos los pedidos a diferentes organismos públicos y privados para reunir documentación en torno a la maniobra revelada por Tiempo, por la celebración de 192 contratos que superaron los 23 millones de pesos de fondos públicos. El viernes pasado, la fiscalía había elevado una docena de solicitudes destinadas a profundizar la hipótesis de que, a través de la Usina Producciones SRL –la empresa que regenteaba el ex postulante a legislador bonaerense y su socio Atilio Meza-, se habrían blanqueado activos. Una serie de oficios fueron cursados a entes registrales de propiedad y a la AFIP con el objetivo de confirmar la actividad de la empresa que no registraba empleados y cuya actividad permanece bajo sospecha a raíz de los contratos obtenidos que nunca se dieron a publicidad en el Boletín Oficial.
Casanello decidió así avanzar con las medidas propuestas por el fiscal González la semana pasada, que impulsó el requerimiento fiscal en base a la denuncia radicada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Todas ellas se enmarcan en el habitual protocolo seguido para investigaciones sobre presunto lavado de activos en el que se busca prueba documental que permita sostener la hipótesis de que existieron maniobras para blanquear fondos de origen ilícito. A diferencia de la Procuraduría antilavado que solicitó la inhibitoria de la Justicia nacional en lo criminal y correccional que tenía a su cargo la denuncia inicial contra Niembro, Meza y los funcionarios porteños que avalaron las contrataciones sospechadas, González había considerado que se requería comprobar un delito «preexistente», contra la administración pública, y si se fraguaron procedimientos para adjudicar irregularmente los más de 192 contratos a La Usina.
Por esto se giraron oficios a la AFIP para que el ente recaudador confirme la actividad registrada en torno a la firma cuyo único cliente fue la administración PRO, dado que tampoco se registraron contrataciones de personal ni otra actividad que no fuera ser beneficiaria de los millonarios múltiples convenios por publicidad, encuestas y reparto de folletería. También sendos oficios fueron enviados al Banco Central para que informe el flujo financiero de la empresa y los movimientos en las cuentas bancarias de sus socios, que según la unidad antilavado, adquirieron autos de lujo durante el período investigado. Se anexó también los Reportes de Operaciones Sospechosas (emitidos por el propio Banco Ciudad) y se pidió a los registros de propiedad catastrales y de embarcaciones que informen datos que pudieran vincularse con el patrimonio de los imputados. Este tipo de medidas también apuntó a confirmar si tanto Niembro como Meza son además dueños de caballos de carrera. Información a los bancos privados para determinar la actividad económica de Niembro y su ex socio impositiva y laboralmente. En el mismo sentido se solicitó a ARBA –la agencia recaudadora de la Provincia- que precise el motivo de la deuda que registra un juicio pendiente por 20 mil pesos en concepto de deuda de Ingresos Brutos. «
