Asignando derechos a las personas trans alojadas en cárceles-R. Lambert

El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires realizó un relevamiento sobre la situación que atraviesan las personas trans que se encuentran privadas de la libertad dentro del territorio bonaerense. Para revertir esto se busca generar un protocolo de actuación para garantizar todos los derechos de este colectivo.

Por Romina Lambert.

A pesar de los avances normativos obtenidos respecto a la ampliación de derechos civiles para las personas travestis, transgénero y transexuales en Argentina, el estudio realizado por el OVG señala que el Servicio Penitenciario Bonaerense aún no ha implementado acciones para reglamentar dichos reconocimientos respecto de la población trans y travesti alojada en cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Algunos de los principales incumplimientos a la ley que se ve sometido este colectivo tienen que ver con el alojamiento. En la Provincia sólo existen dos pabellones destinados a alojar a personas trans que han asumido una identidad femenina y travestis. Uno ubicado en la Unidad Nº 32 de Florencia Varela y el otro en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica.

Por otro lado, también existe una violación a los derechos de las personas trans en los momentos de los traslados, ya sea a una sede judicial o motivado por el cambio de Unidad Penal. La población trans con identidad de género femenina es trasladada junto a hombres y bajo la custodia de personal de seguridad masculino. Esta situación las expone a distintos niveles de violencia, desde obscenidades y maltratos hasta manoseos e intentos de violación, que impactan en su autoestima y su salud

Un aspecto importante es el relativo al acceso a la salud ya que las personas trans que fueran detenidas interrumpen los tratamientos hormonales que realizaban cuando se encontraban en libertad. Esto les ocasiona afectaciones importantes en su salud física y psicológica.

Asimismo, el mencionado colectivo padece las requisas individuales porque son realizadas por personal masculino y, muchas veces, en presencia de varios de ellos.

Para hacer frente a este tipo de vulneraciones, se llevó a cabo un encuentro entre el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y su par porteño, Alejandro Amor, junto al ministro de Seguridad provincial, Cristina Ritondo, y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Ocampo.

Entre las propuestas que fueron analizadas durante la reunión figura la de generar un protocolo de actuación para garantizar todos los derechos de este colectivo mientras son requisados, teniendo en cuenta el respeto a sus condiciones de igualdad, pero también reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de este sector desprotegido.

Guido Lorenzino se refirió a lo charlado durante el encuentro y adelantó las tareas que se proyectan en relación a las fuerzas policiales, por lo que indicó que se llevará adelante un “acuerdo para que los defensores del Pueblo de la Provincia y CABA demos clases de derechos humanos en la Escuela Juan Vucetich, en La Plata, y en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad”.

Además, los defensores se comprometieron a llevar adelante visitas a unidades penitenciarias y comisarías en los dos distritos, con la finalidad de monitorear las condiciones de detención de las personas trans que se encuentren alojadas en los distintos establecimientos.