Apagón en Barrio Norte: imputaron a empresarios y a funcionarios porteños

El dictamen del fiscal federal Franco Picardi impulsa una investigación por el corte de luz producido por una contratista del gobierno porteño que afectó a unos 110 mil usuarios.

TIEMPO ARGENTINO

El fiscal federal Franco Piccardi impulsó una investigación penal por las responsabilidades de dos empresas privadas de telefonía e Internet, de la distribuidora de energía eléctrica Edesur y de funcionarios del gobierno porteño por el apagón que afectó la semana pasada a unos 110 mil usuarios de la Capital Federal. El “requerimiento” ya está en manos del juez federal Luis Rodríguez, y de momento no identifica a personas sino a empresas y estamentos gubernamentales comprometidos en el siniestro que dejó fuera de servicio a dos subestaciones de la operadora de la distribución de energía eléctrica.
“Se requiere la instrucción en las presentes actuaciones en relación a los posibles delitos que se configuren por el corte de suministro eléctrico generado el pasado 13 del corriente mes y año por la obra que realizaba la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, al momento de realizar un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta casi intersección con la calle Dr. Carlos Vaz Ferreira de esta Ciudad, y que afectó a gran cantidad de usuarios. Asimismo, se impulsa también la instrucción en orden al posible delito de violación de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades correspondientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene el dictamen fiscal, de tres páginas, que en los hechos configura el primer paso para una investigación penal.
El fiscal respondió positivamente a la consulta del juez Rodríguez, ante una denuncia penal presentada la semana pasada por el Ministerio de Planificación Federal. Técnicamente, eso se llama “vista del 180”, un artículo del Código Procesal Penal por el cual el juez le pregunta al fiscal si considera que hay un posible delito para investigar o no. En caso afirmativo, se abre la causa; si el fiscal no acusa, lo más probable es que el expediente se archive rápidamente. Para Piccardi, hay que investigar.
Las empresas fueron denunciadas por «entorpecimiento de servicios público», y los funcionarios porteños por «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público». La causa lleva el número 110.946/2015, y especifica que “resultan imputados” los directivos de las empresas privadas  “y los funcionarios responsables del área pertinente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de quienes se desconocen otros datos precisos, sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se individualicen otros organismos y/o personas jurídicas o físicas en el hecho investigado en calidad de autores y/o partícipes”.
Las víctimas fueron “todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica, quienes se vieron afectados por el corte general ocurrido el pasado 13 de octubre, principalmente en los barrios de Recoleta y Palermo, entre otros”.
La investigación apenas comienza. Más allá de las sanciones administrativas y las causas civiles por “daños y perjuicios”, lo que el fiscal promovió como investigación es la posible comisión de delitos penales. Por cierto, no se trata de delitos reprimidos con penas graves. El artículo 194 del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. El artículo 248, por su parte, determina que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Y el 249 prevé una multa de 750 a 12.500 pesos “e inhabilitación especial de un mes a un año, al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
El corte de energía, subraya la denuncia de Planificación, “ocurrió en ocasión en la que operarios de la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, se encontraban realizando un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta casi intersección con la calle Dr. Carlos Vaz Ferreira de esta ciudad. El trabajo constaba del cruce de Figueroa Alcorta mediante el uso de una tunelera. La interrupción del servicio público se produjo cuando dicha tunelera impactó dos ternas de cable de 132 kilowats de la empresa Edesur SA, circunstancia que dejó fuera de servicio las Subestaciones Azcuénaga y Paraná, afectando a miles de usuarios del servicio público de energía eléctrica. Dichos cables forman parte del sistema de líneas de alta tensión desde Central Puerto y llegan a las Subestaciones Azcuénaga y Paraná”.
Existió una clara desaprensión por parte de quienes originaron el siniestro, según la denuncia. “Habiendo producido el daño en la primera línea de alta tensión, se continuaron con los trabajos hasta dañar una segunda línea, lo que pone de manifiesto que luego del primer siniestro, debería habérseles representado la posibilidad de un daño mayor, no obstante lo cual, siguieron con su cometido provocando un segundo corte, lo que implicaría la existencia de un dolo eventual en el obrar de los operarios”.
Nadie cuidó a los vecinos. “Los directivos de Telmex  SA, como responsables directos de la obra, debieran de ser investigados en orden a un accionar imprudente y/o negligente, ello por no controlar a su personal dependiente y/o al personal de la contratista”. En cuanto a los funcionarios del gobierno porteño, la imputación sostiene que “no sólo tenían el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra, razón por la cual debían haber extremado los recaudos que correspondieran y, por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución de la misma. La ausencia total de supervisión en la ejecución de la obra en cuestión, por parte de las autoridades gubernamentales de la ciudad, desencadenó el acaecimiento de los hechos.”
El fiscal Piccardi propuso una serie de medidas de prueba que, de momento, sólo conoce el juez. Se trata de una forma de preservar el éxito de la investigación: difundir la línea de investigación implicaría poner sobre aviso a los imputados para que pudieran disimular sus responsabilidades.