Más pruebas sobre el ocultamiento de torturas en las Islas Malvinas

Las desclasificación de archivos sobre la Guerra de Malvinas continúa arrojando más pruebas sobre la planificación que desplegó la dictadura para ocultar las aberraciones a las que sometió a los soldados en 1982.

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO

En uno de los documentos, emitido el 8 de junio de ese año, seis días antes del final de la contienda con el Reino Unido, se recomienda al jefe del Destacamento de Inteligencia 201 «realizar actividades de contrainteligencia y acción psciológica entre los heridos y enfermos» para contener la difusión del estado calamitoso en que se encontraban los ex conscriptos. El firmante de la estrategia de ocultamiento es el teniente primero Ramón Ojeda, jefe de la sección Inteligencia del Centro de Apoyo a la Recuperación Integral (CARI).
A la hora de comunicar su plan, Ojeda contempla dos propuestas. En la primera plantea ejecutar «tareas de contrainteligencia local (visitas, periodistas o infiltrados) o acción psicológica individual para reafirmar conceptos», según se lee en uno de los cientos de archivos que desclasificó el Ministerio de Defensa por orden presidencial. «La información reunida será pertinente y de aplicación inmediata», dice Ojeda.
Además de la falta de elementos y capacitación para ir a una guerra, los conscriptos habían sufrido todo tipo de torturas por parte de la superioridad. Por estos vejámenes, en el 2007 recurrieron a la justicia. En febrero de este año recibieron un fallo adverso de la Corte Suprema.
El temor de los militares a que se filtre información que perjudique su imagen es evidente y por eso Ojeda aconseja que los agentes de inteligencia tomen contacto con los soldados en el Hospital de Puerto Argentino: «La instrucción de contrainteligencia se podrá impartir desde la internación del herido y/o enfermo, lo que permitirá que se tome conciencia de la importancia de la misma, a la vez que mediante registros firmados por los causantes se podrá ejercer un mayor control para evitar la fuga de información.»
Como parte de la misma estrategia, «se implementaría una campaña de acción psicológica preventiva» sobre los internados de aquel hospital , abunda el documento. El objetivo: que una vez evacuados, «se evite el efecto ‘bola de nieve’ (sic) que trae como consecuencia los comentarios por ellos realizados».
Los ex combatientes que regresaron al continente fueron trasladados a las escuela General Lemos y Sargento Cabral, de Campo de Mayo, donde fueron recibidos por agentes de inteligencia. Estos les hicieron llenar «actas de recepción» en donde volcaron denuncias de torturas, vejámenes y homicidios.
«El personal de inteligencia nos decía que lo que habíamos vivido en Malvinas debía ser callado. Nos amenazaba con que si dábamos algún dato a los medios podía ser sometido a un consejo de guerra», cuenta el titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, Ernesto Alonso. «A partir de que regresan los primeros heridos al continente, antes de la rendición, los militares se dan cuenta que si trascendía información les sería perjudicial. Por eso refuerzan su estructura de inteligencia para evitar que se filtre lo menos posible», añade.
En otra etapa de su plan Ojeda impulsa «la puesta en conocimiento a los comandantes o jefes de los comentarios hechas por sus subordinados a fin de que adopten las medidas que crean convenientes para solucionar o prevenir hechos que afecten a la moral o a las operaciones».
En su segunda propuesta, plantea que «cada vez que un barco se dirige a Puerto Argentino se embarque esta u otra sección a fin de cumplimentar lo antes expresado».
En otro documento de Inteligencia, fechado el 27 de junio de 1983, se informa al Comandante del II Cuerpo del Ejército que se «confeccionaron 18 actuaciones de justicia militar». En ellas, «no se tomó declaración a personal de tropa, a fin de evitar la trascendencia de los hechos en el medio civil y preservar la tranquilidad en el frente interno». Al igual que en el archivo rubricado por Ojeda, la preocupación por lo que pudieran llegar a decir los ex combatientes era inmensa. Ya entonces se podían encontrar acusaciones por «maltratar a soldados».
A mediados del ’83, los jefes del Ejército tenían más que claro los crímenes que la superioridad había aplicado contra su propia tropa. Y habían actuado en consecuencia. Tal como publicó este diario en exclusiva, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra y con el informe que realizó la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur –donde constaban las torturas– en la mano, el comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar, Cristino Nicolaides, había ejecutado su plan para esconder aquellos delitos.
Los documentos de inteligencia estaban clasificados como «secretos» y fue encontrado en el Archivo General del Ejército durante la desclasificación de archivos relativos a la guerra que ordenó la presidenta Cristina Fernández.

Un proyecto de ley para contribuir a la justicia

Los diputados del FPV Diana Conti y Carlos Kunkel presentaron hace diez días un proyecto de ley para declarar “delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles” a las torturas que la superioridad aplicó a su propia tropa durante la guerra de 1982.
Los legisladores buscan revertir el controvertido fallo de la Corte Suprema que dejó firme, el 19 de febrero, una sentencia de Casación Penal, que consideró que los mentados crímenes prescribieron.