La Disposición estableció el procedimiento para cumplir la Resolución 99/SECT/26. La presentación administrativa corresponde a empresas Uber, DiDi y Cabify, denominadas Empresas de Redes de Transporte (ERT).

En diálogo con Mundo Gremial, Alejandro Poli, del Sindicato Único de Remises y Autos al Instante (SURyA), sostuvo que «Hay algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir ampliando las conquistas».

Cómo se inicia el trámite y qué pasa si falta documentación

La empresa debe enviar la solicitud a mesasecretariatransporte@buenosaires.gob.ar. La documentación se presenta en PDF e incluye una declaración jurada firmada por su representante o apoderado, junto con los documentos que acreditan esa representación.

A partir de ese envío se abre un expediente y el área competente revisa la presentación. Si encuentra incumplimientos, intima a la empresa a corregirlos dentro de diez días. Vencido ese plazo sin que se corrijan los incumplimientos, las actuaciones se archivan.

Cuando la solicitud reúne las condiciones exigidas, o las observaciones fueron subsanadas en tiempo y forma, la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad otorga una Constancia de Cumplimiento. La declaración jurada también contempla responsabilidades legales si se comprueba la falsedad de lo informado.

Quién responde por los choferes y los vehículos

La responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos recae sobre Uber, DiDi y Cabify. La resolución abarca la licencia D1, la edad y los antecedentes de los conductores, la autorización para manejar el vehículo, la revisión técnica correspondiente y el seguro específico para este servicio.

Esto significa que la obligación empresarial comprende las condiciones en las que se realizan los viajes. Además, Uber, Cabify y DiDi deben conservar una base actualizada de conductores y autos, disponible para la autoridad de aplicación cuando la solicite.

El Sindicato de Remiseros pidió que los choferes de Apps tengan obleas como los taxistas

El acceso previsto por la norma es para la autoridad de aplicación, mediante requerimiento. La consulta pública por parte de pasajeros o sindicatos es una propuesta de Poli que va más allá de ese mecanismo.

«Ahora, lo que me pregunto es ¿quién va a controlar esto? ¿Se va a verificar que el padrón que se declare sea el real?», planteó el Secretario General del Sindicato Único de Remises y Autos al Instante (SURyA). Su preocupación apunta a que los controles permitan comprobar si todos los vehículos que trabajan para una plataforma están efectivamente incluidos en la información declarada.

Como herramienta para esa verificación, propuso una oblea con vencimiento que permita identificar cada unidad durante los operativos. Ese distintivo forma parte del planteo sindical y no figura como una obligación establecida en el anexo analizado.

«Hay que seguir ampliando las conquistas» sostienen desde el Sindicato de Remiseros

Para Poli, acceder a información verificable también permitiría distinguir a los propietarios que conducen sus autos de los choferes que trabajan para empresas con flotas. El dirigente relacionó esa posibilidad con la intervención sindical ante contratos de alquiler que, según advirtió, pueden encubrir relaciones de dependencia.

«Es importante que cumplan ahora con esto, porque es una forma de ordenar la actividad que hoy está desmadrada», sostuvo.

El titular de FAREM y SURyA consideró que ese control debe acompañarse con nuevas garantías para los trabajadores. «Hay algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir ampliando las conquistas», finalizó el Sindicalista del Gremio de Remiseros.

FUENTE. MUNDO GREMIAL