El 15 de octubre será la quinta marcha federal en defensa de la educación superior

El jueves pasado, el gobierno desaprovechó el cuarto intermedio y volvió a ofrecer el mismo 3 por ciento de incremento que ya había propuesto en la reunión de comienzos de septiembre. Una oferta que ya había sido rechazada y que representa migajas, sobre todo, si se tiene en cuenta que debe, aproximadamente, un ajuste del 32 por ciento.

“Una falta de respeto”, “Un atropello a los trabajadores del sector”, “Una burla”: cualquier testimonio de los miembros de la comunidad universitaria queda corto para describir la posición del gobierno que, una vez más, dilata el pago de lo que adeuda. En el medio, durante estos tres años, la sangría: las universidades, que representan el orgullo del país a nivel internacional, se quedan sin docentes (se calcula que 10 mil dejaron las aulas), la investigación se resiente (la ciencia y la tecnología constituyen las áreas más ajustadas), la infraestructura se deteriora y, para peor, no hay perspectivas de mejora.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, destaca: “Fue bochornoso, va a quedar en las páginas más oscuras de la historia del sistema educativo nacional. Nos citan para repetir como loros que ya nos habían dicho. Además, el tono, la tesitura que manejan las autoridades de la subsecretaría de Políticas Universitarias no es acorde al marco de una discusión paritaria”.

Sin embargo, no todas son malas: fuentes confirmaron a Página/12 que la próxima semana podría haber novedades en relación a la justicia. Si bien en la cautelar (que solo afecta a los artículos 5 y 6, vinculada a la actualización de salarios y becas) el proceso judicial finalizó y se intimó al gobierno a que cumpla, aún falta que la justicia tome una decisión sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la validez plena de toda la Ley. La buena nueva es que en el transcurso de la semana que viene podría salir un fallo a favor de las universidades.

Habrá que salir a la calle otra vez

Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, señala: “La paritaria fue un fracaso total, dijeron lo mismo que habían dicho en la paritaria anterior. Por supuesto que la respuesta de todos los sindicatos, docentes y no docentes fue negativa. Ni siquiera recuperaba la inflación desde junio, que fue cuando habíamos tenido el último aumento. Tuvimos una reunión del frente que desembocó en un paro de 24 horas para el viernes y otro para el martes”. Y continúa: “Ya se acordó la marcha para el 15 de octubre, pero aún no está claro dónde será y eso es lo que vamos a resolver en las próximas reuniones. Algunos proponen en Plaza de Mayo, otros frente a Tribunales, o en el Congreso”.

Alejandra Zinni, rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, comenta: “Esperamos que esta nueva marcha sea multitudinaria, igual que las anteriores y que la sociedad argentina, una vez más, brinde el apoyo incondicional que tiene para nuestras instituciones”.

A su turno, Chevalier refuerza: “Con el cansancio a cuestas y la angustia de no llegar a fin de mes, confiamos plenamente en que la supervivencia de la universidad depende de lo que podamos hacer trabajando todos los espacios juntos. Esperamos que la población argentina pueda acompañarnos una vez más para demostrar que las universidades son un patrimonio que no queremos perder”.

Con la nueva marcha federal, la comunidad universitaria busca instalar el tema en agenda y demostrar al oficialismo, una vez más, que la sociedad apoya la protesta. Por su parte, el Ejecutivo quiere lo de siempre: desgastar el reclamo y desarmar la estrategia conjunta. Todo movimiento que sirva para dilatar y adelgazar los músculos del movimiento estudiantil sirve a los efectos de no cumplir con la Ley. Una norma que fue votada en dos oportunidades por el Congreso y que fue validada por todas las instancias judiciales.

La UBA anunció paros rotativos. El lunes parará el rectorado, el martes la Facultad de Medicina, el miércoles la de Arquitectura y Diseño, el jueves las de Farmacia y Bioquímica, y el viernes la de Ingeniería. Este esquema seguirá con el reclamo de las diferentes dependencias y Facultades hasta el 22 de octubre.

Un cachetazo a la educación pública

Otra de las principales diferencias entre el gobierno y las universidades se relaciona con el porvenir. El Ejecutivo presentó el presupuesto para 2027 y el borrador vuelve a quedar muy desfasado con respecto a lo que solicitaban los rectores. Mientras las casas de estudio solicitan 11 billones de pesos, el gobierno está dispuesto a pagar 7.5 billones, algo así como un 32 por ciento menos.

Esta brecha implica dejar a las casas de estudio al borde del cierre. Por este motivo, el fantasma de suspender el dictado de clases durante el primer cuatrimestre del próximo año vuelve a emerger. A duras penas, las universidades podrán abonar salarios y no quedarán fondos para el pago del funcionamiento en general (luz, agua, seguridad, entre otras) y mucho menos para el resto de actividades que realizan. Algo similar sucedió durante el anterior ejercicio, cuando las universidades pedían 7.2 billones y el gobierno ofrecía 3 billones menos.

Además, si se compara con respecto a lo sucedido durante las últimas décadas, el presupuesto destinado al sector universitario representa el 0.53 por ciento del PBI, muy por debajo, por ejemplo, con respecto a lo que sucedía en 2015, cuando representaba el 0.87. Del mismo modo, siguiendo esta lógica, de confirmarse el presupuesto, los gastos de funcionamiento disminuirían un 50 por ciento y las becas un 70 por ciento con respecto a 2023.

Zinni apunta: “Llevamos más de 330 días sin que el gobierno nacional cumpla la Ley de financiamiento. Se presentó la Ley de presupuesto de la nación y nuevamente lo que vemos es el desfinanciamiento sostenido. Es escueto, es triste y expresa un desconocimiento profundo del sistema de educación superior. No contempla una recomposición sustancial de los salarios ni mucho menos de los gastos de funcionamiento, de las inversiones para ciencia y tecnología, ni de la infraestructura”. Y remata: “Es un cachetazo a la universidad pública, a las chances de acceder a una movilidad social ascendente”.

Para la ciencia, mucho menos

La misma tendencia seguiría el sector de ciencia y tecnología de cara a 2027. De acuerdo al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, la proyección del gobierno representará el 0.17 por ciento del PBI; un 70 por ciento por debajo de la meta que establece la Ley de financiamiento (27.614) de 0.59 por ciento para ese año.

La pérdida acumulada es de 17 billones de pesos y los principales organismos recortados desde 2023 son el Conicet (40 por ciento de ajuste), la Comisión Nacional de Energía Nuclear (50 por ciento), el INTI (60 por ciento), el INTA (47 por ciento) y el Servicio de Meteorología Nacional (43 por ciento).

Daniel Filmus, exministro de Educación, y de Ciencia y Tecnología, sintetiza: “Lo que hace Milei va mucho más allá de una política de ajuste. Es una decisión de destruir a las universidades y las capacidades científicas argentinas, y está muy vinculada a iniciativas como el RIGI. El único objetivo es comprar paquetes tecnológicos llave en mano, sin que los cerebros argentinos agreguen valor a partir de la investigación y las capacidades de trabajo propias”.

Y subraya: “No se trata solo de reducir los recursos, sino de atacar a los sectores estratégicos. Cuando uno ve en qué sectores cayó más la inversión es donde Argentina tiene mayor desarrollo, como el área satelital, la nuclear o la biotecnología”.

Por Pablo Esteban- Pag  12