La conflictiva relación entre Javier Milei y los gobernadores sumó nuevos frentes de tensión esta semana. En medio del malestar por los recortes a las provincias, los mandatarios provinciales salieron a cuestionar la vuelta de las retenciones a la soja y el maíz, mientras crecen las dudas sobre el respaldo al veto presidencial a la ley que aumenta las jubilaciones.

Las provincias reaccionan contra las retenciones

El decreto 439, publicado en el Boletín Oficial, oficializó que desde el 1° de julio se reestablecen las alícuotas más altas para la soja y el maíz, mientras que el trigo y la cebada mantendrán el esquema de retenciones reducidas (9,5%) hasta marzo de 2026. La medida fue calificada por los gobernadores del centro productivo como un golpe directo al agro.

«Es asfixiar al agro en un momento crítico», sentenció el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Para el mandatario, la decisión es «regresiva» y debe ser revertida. «Argentina crecerá con el campo, nunca sin él, y mucho menos en contra.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, se sumó a las críticas: «Nuestra provincia es el campo. Por eso estamos siempre del lado de los productores». En Santa Fe, Maximiliano Pullaro advirtió que el Gobierno comete «un gravísimo error» al no prorrogar la reducción de derechos de exportación, y pidió una apertura económica «inteligente, que cuide los puestos de trabajo».

El malestar también crece entre los productores, que denuncian un esquema impositivo asfixiante y reclaman previsibilidad para invertir. La decisión también obliga a los exportadores a liquidar el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la DJVE.

Gobernadores en pie de guerra por el veto previsional

La vuelta de las retenciones no es el único frente de conflicto. El veto presidencial a la ley que restituye la movilidad jubilatoria también genera un fuerte rechazo en las provincias. En el entorno libertario crece el temor de que el Congreso no logre sostener el veto, un escenario que podría tener fuerte impacto económico y político.

Durante un encuentro con empresarios, Milei apuntó con dureza contra los mandatarios provinciales, a quienes acusó de no haber hecho el ajuste comprometido en el Pacto de Mayo. Los tildó de «casta» y de boicotear el cambio desde sus territorios. «Las provincias son la última trinchera de la casta política», lanzó.

Los gobernadores eligieron no responder en forma directa, pero sí dejaron trascender datos que contradicen el relato oficial. Entre ellos, que la presión tributaria provincial cayó de 5,1% a 4,8% del PBI entre 2023 y 2024, mientras que la nacional subió de 22,8% a 23%. Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, fue contundente: «Los datos son nobles, la manipulación está en los relatos».

Un informe de la consultora Empiria, del exministro Hernán Lacunza, respaldó esa postura: el año pasado, 21 de las 24 provincias lograron superávit fiscal, tras un recorte promedio del 15% del gasto real.

Internas libertarias y tensión legislativa

Las diferencias entre los gobernadores también se potencian por la disputa interna dentro de La Libertad Avanza. Mientras el asesor Santiago Caputo plantea evitar choques con las provincias para garantizar respaldo legislativo, el sector de los Menem impulsa el crecimiento partidario en los distritos, incluso a costa de fracturar alianzas locales.

El caso del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo es ilustrativo: el año pasado fue clave para blindar vetos oficiales, pero ahora su respaldo está en duda. Lo mismo ocurre con diputados que en 2023 votaron alineados con la Casa Rosada, pero que hoy se muestran reacios a repetir ese respaldo.

El oficialismo necesita al menos 75 votos en Diputados para sostener el veto jubilatorio. El año pasado logró 87, pero ese número hoy parece lejano. «Se complica juntar soldados para sostener el veto», admiten en provincias aliadas.

En Balcarce 50 advierten que, si se cae el veto y avanza el proyecto opositor, el impacto en los mercados será negativo: subirá el Riesgo País y se dificultará el financiamiento. Sin embargo, aseguran que el equilibrio fiscal no se toca: «El déficit cero no se negocia».