Fotomultas, guerra empresarial y una denuncia que sacude a la política: narcotráfico, presión y municipios bajo sospecha
La disputa por el control del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires dejó de ser una interna empresarial para convertirse en un escándalo político-judicial de alto voltaje, con municipios involucrados, funcionarios citados a declarar y denuncias que introducen vínculos con personas investigadas por narcotráfico y hasta el fútbol se metió en la disputa.
El punto de quiebre surge de un escrito judicial incorporado a una causa penal en trámite ante la justicia provincial Platense, donde se expone un presunto patrón de conductas extorsivas, denuncias cruzadas y utilización sistemática del sistema judicial y medios periodísticos como herramientas de presión económica, todo en el marco de la pelea por el control de la tecnología vial y los sistemas de fotomultas provincial.
Quién denuncia y a quién apunta la presentación judicial en los tribunales platenses
El denunciante central del entramado es el empresario Leandro Camani, históricamente vinculado a empresas proveedoras de sistemas de fotomultas y cinemómetros como SECUTRANS SA Y TRANSITO SEGURO SA en distintos municipios bonaerenses. La presentación judicial advierte que el accionar desplegado por Camani apunta a perjudicar a la empresa CECAITRA, con el objetivo —según se sostiene— de desplazar competidores y concentrar el negocio del control vial en la provincia.
El escrito judicial presentado ante la UFI 11 de La Plata a cargo de Álvaro Garganta quien lleva adelante y concentra todas las denuncias efectuadas por el empresario vial Leandro Camani contra Ministros, jueces, funcionarios y empresas proveedoras de VTV y de radares no se limita a cuestionamientos comerciales: describe un modus operandi reiterado, basado en denuncias penales y mediáticas de alto impacto, utilizadas como mecanismo de presión para obtener ventajas económicas y políticas, las cuales son investigadas por el Fiscal Pilar Dr Germán Camafreitta bajo jurisdicción de Garantías San Isidro.
Ante el mismo fiscal Platense Camani denunció recientemente al presidente del CEAMSE Buenos Aires y de la ASOCIACIÓN DEL FUTBOL ARGENTINO-AFA- por enriquecimiento ilícito, afectar el sistema de fotomultas y apagarle los radares, ello obedecería como inmediata respuesta a la denuncia de Tapia en el Juzgado de Pilar contra Camani.
El dato más explosivo: narcotráfico en el contexto de la causa
El aspecto más grave del escrito judicial es la referencia directa a investigaciones periodísticas que vinculan a Leandro Camani con personas investigadas por narcotráfico. Según esas publicaciones —que fueron acompañadas formalmente al expediente—, Lisandro Damián Contreras, alias “Licha” o “Limón”, imputado por la Justicia rosarina como presunto integrante y jefe de una organización narcocriminal, fue detenido en un control de tránsito mientras conducía una camioneta Mercedes Benz registrada a nombre de Camani.
El hecho, documentado y difundido por medios nacionales y televisivos, no implica una imputación penal directa contra el empresario, pero introduce un elemento de extrema gravedad institucional que la Justicia considera relevante para analizar el contexto, las relaciones y los intereses que rodean la causa.
San Isidro, la suspensión de fotomultas y la citación judicial
En este escenario, San Isidro quedó en el centro de la escena. El municipio decidió prorrogar la suspensión del sistema de fotomultas, una medida reflejada por Agencia Comunas, que fue leída como un intento de tomar distancia de un esquema cada vez más cuestionado.
La tensión escalará el 18 de febrero, cuando se realice una audiencia en el Juzgado a cargo del juez federal de Tres de Febrero Dr. Culotta, a la que fue citado el intendente de San Isidro.
La decisión del municipio de San Isidro de prorrogar la suspensión del sistema de fotomultas que desarrollan las empresas SECUTRANS-TRANSITO SEGURO y CECAITRA (mientras avanza una investigación judicial federal no ocurre en el vacío.
Se inscribe en una causa federal de gran escala que ya derivó en allanamientos simultáneos a municipios bonaerenses, puso bajo la lupa convenios con universidades públicas de SAN MARTIN y SCALABIRINI ORTIZ, expuso un entramado donde confluyen recaudación estatal, operadores privados y vínculos políticos transversales.
Respecto de otros funcionarios, intendentes comunales, empresarios y actores mencionados en el expediente, la Justicia aún debe definir y aclarar su situación procesal.
Efecto dominó y municipios en alerta
El caso ya no se limita a un solo distrito. Otros municipios bonaerenses que mantienen contratos similares con proveedores de fotomultas siguen de cerca la causa, y no se descarta que avancen en suspensiones, revisiones o rescisión de convenios, ante el riesgo de quedar involucrados en un entramado judicial de consecuencias imprevisibles.
Recordemos que por orden del juez federal Juan Manuel Culotta, fueron allanados San Isidro, La Matanza, Morón, General Pueyrredón (Mar del Plata), San Martín, Zárate, Junín, Olavarría, General Rodríguez, Roque Pérez y 9 de Julio, según informará El Día de La Plata, los cuales operan con la empresas SECUTRANS SA Y TRÁNSITO SEGURO SA.
Asimismo se analiza por los municipios allanados el Registro de Proveedores y las causales de exclusión ante un tema tan sensible denunciado por CECAITRA.
El objetivo central de la investigación federal es determinar el alcance real de la denuncia, el rol de los proveedores, y el provincial busca analizar si existió un esquema sistemático de presión, denuncias y desplazamiento de competidores, en un negocio que mueve cifras millonarias y atraviesa a la política local.
Bajo el mismo esquema el Presidente del CEAMSE, Claudio «Chiqui» Tapia que representa a la Provincia de Buenos Aires y a la vez preside la AFA denunció también penalmente a Leandro Camani por similares argumentos a CECAITRA, con posteos explosivos en la red social X por parte de su letrado Gregorio Dalbón.
Fotomultas, guerra de empresas, citaciones judiciales y denuncias que rozan el narcotráfico: la combinación terminó de encender las alarmas en la sede de la provincia y esperan decisiones del Ministerio provincial competente para evitar convertirse en una bomba política e institucional.
