FERNANDO MUÑOZ: Amparo contra los precios viles de las inmobiliarias

El acceso a los alquileres, un tema  de impacto social fuerte en el bolsillo de los trabajadores y las familias, determinado por  los precios  excesivos que  están cobrando las  inmobiliarias, es motivo de diálogo con el legislador porteño del FpV, Fernando Muñoz, a propósito de un proyecto para crear una Oficina Pública de Defensa del Inquilino.

Por Matías Benítez.

Usted ha presentado un recurso de amparo contra el Colegio de Martilleros, para que las inmobiliarias no cobraran más de lo que corresponde por Ley. ¿Qué observa en este sistema?

La Ciudad tiene una Ley vigente que es la  2340 que creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, y le da facultades para que controle a las inmobiliarias. Es un colegio profesional, y la Legislatura en ese momento transfirió responsabilidades para  controlar  al conjunto de la inmobiliaria den la Ciudad. Dentro de esa Ley hay un artículo específico que fijaba un mes de comisión, como techo o límite a cobrar en caso de los contratos de locación  para vivienda. Ya se ha hecho una práctica habitual, el propio colegio admite que está dentro de los usos  y costumbres de las inmobiliarias el cobrar por lo menos dos meses de comisión, en algunos casos cobras más  inclusive. Ello significa que para ingresar a un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, con los dos meses de comisiones, más el depósito y el adelanto, hay que tener por lo menos  20 mil pesos ahorrados. Sumado a eso, hay un mes  extra que está cobrando la Inmobiliaria por sobre la Ley. A los  2 años en general tratan de no renovar el  contrario para  poder  volver a cobrar esa comisión con un nuevo inquilino. Ello significa para el inquilino, tener que ir buscando nuevamente departamento, pagar la mudanza, y esta situación anómala, prácticamente liberada en la Ciudad, es la que  nosotros observamos  ya desde hace varios meses.

Primero presentamos un proyecto de para que se obligue a las Inmobiliarias a  poner  el Articulo 57  a la vista en todas las inmobiliarias, que sepa el inquilino que no puede pagar  más de un mes de comisión por Ley.  Luego les hicimos un pedido de informe. Primero  al Colegio  de Corredores inmobiliarios,  y fue  muy imprecisa la respuesta de parte de ellos, en cuanto a qué sanciones  tenían  las inmobiliarias que no cumplían  la ley y finalmente  la semana pasada hicimos un recurso de amparo.

Además de la plata, la excusa por la cual las  inmobiliarias piden tantos meses es  porque se pide garantía propietaria  ¿Esto es legal hacerlo casi por obligación?

En realidad no está formalizado en ninguna Ley, lo que pasa es que  en la Ciudad el mercado inmobiliario tiene una liberad absoluta. No hay ningún organismo  público que regule esa relación entre el inquilino y la inmobiliaria. Se está pidiendo garantía propietaria en muchos casos, de familiar directo  y los inquilinos se quejan por ejemplo con los cortes de gas que hay en los edificios y quizás están varios meses sin gas por algún problema que ocurre en un departamento. Ese inquilino se ve  limitado de iniciar acciones contra el  propietario si alquiló por inmobiliaria  si el garante es familiar directo.  Están pidiendo  también recibo de sueldo en blanco como respaldo para poder ejecutar directamente sobre el sueldo.

La Ciudad en ese aspecto tiene cada vez más demandas y exigencias sobre el inquilino, más difíciles de responder,  porque también es mucha la demanda para alquilar.   Cada tres hogares en la Cuidad, uno alquila.

¿Cuál es el rol que ocupa la Ciudad de  Buenos Aires, la justicia, el poder político en todo esto?

Lamentablemente desde el Poder Ejecutivo de la Capital no hay acciones de control para  hacer cumplir la Ley 2340.

No me cae muy simpático tener que haber recurrido al Poder judicial a una acción de amparo, porque naturalmente  se supone desde las expresiones políticas podríamos perfectamente intervenir en el tema, pero  el perfil que tiene la Ciudad  es bastante  flexible y  liberal  respecto al negocio privado. En general, el partido gobernando de la Ciudad no plantea un debate franco sobre la problemática de la relación entre el inquilino y los intermediarios de los contratos. Hay una situación  que nos lleva  a presentar la necesidad de que se cree una Oficina Pública del Defensa del Inquilino,  bajo la Defensoría del Pueblo,  que es un proyecto de Ley  que estamos impulsando para transparentar la relación de la inmobiliario con el inquilino  publicando la Ley que no permite más de un mes de comisión y a pedir toda la información al Colegio para  hacer públicas estas relaciones corporativas.

Desde el Gobierno se anuncio el Programa “Alquilar se puede». ¿Qué resultado ha arrojado?

Es un tema tremendo el «Alquilar se puede».  Me costaba mucho debatir. Lo largaron  a mediados de enero con una campaña nacional. Es un minuto de TV la publicidad en canales de aire y en Internet. En febrero empezaba la inscripción. En ese momento denunciamos que había  una Ley del 2011 que estaba vigente de créditos del Banco Ciudad para inquilinos, que era lo mismo que lo que estaba anunciando el macrismo. Era de una diputada de la CC en su momento. Se anuncio en marzo del 2012. Pedimos al Banco Ciudad cuántos créditos había otorgado en los últimos 4 años y no tuvimos información, pero sabíamos que iba a fracasar. La publicidad ha sido  millonaria.

Hasta el mes pasado habían otorgado nada más  que 8 créditos. La Ciudad tiene un ritmo de construcción brutal. Estamos en 1 millón  350 mil viviendas en una ciudad  prácticamente que no llega a 3 millones, y con un problema de déficit habitacional muy grande  y con un 33 % que alquilan y tienen un natural desplazamiento hacia otros distritos porque cada vez está más caro el alquiler y a tierra en la Ciudad de Buenos Aires por este concepto  neoliberal que tienen muchos dirigentes de las inmobiliarias. Deberían bajar los precios por la cantidad de  viviendas vacías que hay en la ciudad, sin embargo es al revés.