EDUARDO BARCESAT: Un paso más en el derrumbe institucional

La renuncia  de Alejandra  Gils Carbó,  de su cargo como Procuradora General de la nación,  motivó   el interés de Comunas  por conocer  la opinión que tiene al respecto, el abogado  constitucionalista, Eduardo Barcesat quien en síntesis  valoró la jornada como “un día  aciago para la República y para la institucionalidad”.

 Por  Matías Russo y  R. Marcogliese.

 ¿Qué evaluación  hace de la situación que estamos viviendo con un estado de derecho bastante frágil, que ahora suma la renuncia de Gils Carbó, luego de tantas presiones políticas, mediáticas y judiciales?

La conclusión que he hecho es que ella  ya no soporta este estado de presión sobre su persona y su familia- no solo ella sino  de sus  hijas que han sufrido intimidación y amenazas y eso supongo ha generado un cuadro familiar insoportable.

…A su hija le han publicado el teléfono en el diario Clarín…

Creo que  es una pérdida enorme  para la institucionalidad y además  entiendo que estábamos en medio de una lucha en la que todavía había muchos pasos que dar;  habíamos preparado una Solicitada que iba a ser publicada el día domingo  y no  se publicó. Y una presentación ante el Órgano internacional para poner en claro la  maniobra de esta denuncia contra la Procuración General y el perjuicio que implicaría para la institucionalidad   llevar adelante cualquier modificación al régimen de un poder que  es autónomo  y con autarquía.

De modo que siento profundamente esto y lamento que se haya dado  un paso más en el derrumbe institucional argentino  y me parece que  ha sido un tributo excesivo a las presiones que la funcionaria y su familia han sufrido por lo que no puedo menos que deplorar, condenar el hecho señalar que  pocos son los  resguardos que quedan  de la institucionalidad  argentina.

A lo largo  de estos  casi 2 años de gestión de Mauricio Macri,  ha habido diferentes hechos que han atentado contra la democracia; han tratado de meter  jueces por decreto, lo que se ha hecho  con el Consejo de la Magistratura con la remoción de jueces  que resultan incómodos a los intereses del gobierno nacional. Todo esto lo logró  Cambiemos sin el poder político que consiguió  en las últimas elecciones. ¿Cuánto influyen ahora  los resultados  de esas elecciones  a la hora de seguir avanzando contra la democracia,  la justicia y los derechos?

Ahí Ud tiene hasta qué grado de putrefacción y de bajeza institucional nos quiere sumergir el actual Gobierno, pero esa es la situación en que estamos y no queda otra que deplorar que se haya entregado un órgano autónomo y autárquico a la sumisión de un poder político, autoritario, despótico, que está acallando voces y silenciando la democracia, pero esto es el resultado de lo que se votó.

¿Es temprano  para hablar de nombres, de quienes sucedan  a Gils Carbó a partir del día después del 31 de diciembre cuando ya hay especulaciones  de que será alguien afín al gobierno?

Por supuesto que van a poner a un lacayo de jurídico; hay varios y cualquiera da lo  mismo porque  va a ser un subordinado  más del Poder Ejecutivo.

¿Qué entiende,  como abogado, sobre el fallo contencioso administrativo que indica que a los Procuradores se los puede remover  sin un juicio político?

El Fallo es una pieza denigrante para el saber de los juristas, lesivo del Art 120 de la Constitución que instituyó al Ministerio Público  en dos ramas: el Ministerio Público  Fiscal  y el Ministerio Público de la Defensa. Fíjense que no  se trata de un tema de prurito institucional del presidente Macri, sino de tirar abajo todo lo que tiene independencia de criterio y puede  afectar  su obrar.  Con el Ministerio Público de la Defensa, no se  ha metido, porque no le preocupa por la función que tiene; todo ha sido contra el  Ministerio Público Fiscal, pero los dos tienen el mismo régimen y están con la misma cláusula constitucional   de un mecanismo para  los nombramientos o remociones.

La función pública fiscal es la que les preocupa porque se  sabe  el terreno delictivo  el Presidente, y necesita  tener las espaldas cubiertas.

Cada vez  está más desprestigiada la profesión  de abogado, porque hay  una justicia paralela impuesta desde los  Medios, ejemplo se vio con un testigo E,  en el caso Maldonado sin que conste en ninguna acta.

Nunca como ahora se ha vivido un desprestigio del Poder Judicial de la nación como  éste y bajo democracia, más grave aún.

Este es  un día aciago para la República  y para la institucionalidad y hay que condenar la presión que se ha hecho y lamentar la renuncia que se ha presentado.

A modo de resumen, el abogado, respondió   a preguntas sobre el desafuero y detención del diputado Julio de Vido y si  a Cristina Fernández  podría  sucederle algo similar:

“Si tuviera que responder desde la racionalidad del  discurso jurídico diría que no puede suceder eso, sería una animalada, pero desde la situación actual las animaladas se suceden, entonces  tengo que tener la suficiente prudencia de decirle a la audiencia que del punto de vista de las instituciones sería  inviable e imposible, e incluso desde la propia doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la nación. Pero cuánto tiempo la Corte Suprema va a sostener  la aplicación  de los Tratados  de Derechos Humanos internacionales, no pongo ni una  uña al fuego.

¿Para el ciudadano de a pie que queda?

La oportunidad perdida en la votación que pasó y la escasa viabilidad  de las denuncias  nacionales  e internacionales, hemos visto como se han tirado por la borda hasta la desaparición forzada de personas, estamos en situación de total abandono de parte de los mecanismos regionales  e internacionales.

¿Usted había presentado una denuncia contra  funcionarios del gobierno y Gendarmería por el caso Maldonado?

 Esperamos todavía por la Sala Primera. Ya sobradamente ha transcurrido el plazo para que un tribunal judicial de Alzada resuelva un tema muy elemental y simple que tiene dictamen de  primera instancia y de cámara que le mandan el  camino a seguir, pero todavía están  vacilando. Pero no  estamos en estado de derecho. Estamos en excepcionalidad institucional.