El exministro de desarrollo Social, Daniel Arroyo, encabezó una charla debate sobre políticas públicas, inclusión y discapacidad, donde dio un panorama crudo de las políticas del gobierno nacional contra el sector. “hay una situación de colapso” evaluó el experto que como diputado nacional elaboró uno de los proyectos base para declarar la emergencia en discapacidad en 2025. También reveló que “nadie en el mundo discute que la atención a las personas con discapacidad debe ser un rol del Estado, solo acá (por la gestión Milei). Y propuso al menos cuatro medidas para encausar el problema acuciante.

“Nunca vi tanto dolor en las madres” reveló el vecino de Olivos, Daniel Arroyo, en una charla que encabezó en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López STMVL sobre un tema de su especialidad: políticas públicas, inclusión y discapacidad. Arroyo fue diputado nacional 2021/2025; y antes, entre 2017 y 2019, ministro de Desarrollo Social Nacional.

El Foro Permanente de la Discapacidad –una organización representativa del sector e intachable-  lo ha dicho también. Y Arroyo, en su intervención, dio un panorama del país, del sector, y una serie de propuestas para evitar la zozobra en la que deben vivir hoy las familias por un gobierno hasta sospechado de corrupción al gestionar la discapacidad.

Contexto nacional

Recibió a Arroyo el secretario general del STMVL Victorio Pirillo. El sindicalista explicó que la conferencia formaba parte de acción sindical para que los afiliados conozcan los temas de primera mano, y por los propios actores sociales “Estamos en una situación crítica. Y la Argentina que viene va a ser muy compleja económica y socialmente”, evaluó.

Y, tal vez pensando ya en 2027 como año electoral, afirmó: “si no buscamos a los mejores no vamos a poder salir de esto”. Un salón del STMVL repletó de afiliados y delegados, vecinos, referentes sociales locales y sindicales de otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, y Hurlingham, le dieron marco concurrido a la charla de Arroyo.

Primero Arroyo dio un panorama de país. Señaló como un problema crítico el endeudamiento familiar para comer, las tasas usurarias de plataformas. Recordó que ya en su gestión de ministro (en pandemia) se avizoraba, pero de ninguna manera surgía que era “un problema entre particulares” o que lo iba arreglar “la mano invisible” del mercado.

Luego señaló que “se observa una implosión social, hay una sociedad lastimada, instituciones como la Justicia totalmente desprestigiadas y el único lugar con cierta confianza es la escuela”, y ejemplificó en que las familias mandan a sus chicos a la escuela más allá de problemas que se generan, o evaluaciones negativas.

Y como tercer problema nombró el desempleo formal, en el Estado desde ya, y en el sector privado. Las decisiones económicas que, por ejemplo, perjudican a la clase media. A su parecer “es la única clase que derrama y en la actualidad está muy golpeada” por falta de ingresos y de futuro promisorio. En este contexto, entonces, se refirió a la discapacidad.

Lastimar a la discapacidad

Sin medias tintas Arroyo evaluó que “el Estado (la gestión Milei) decidió lastimar a las personas con discapacidad”. Y como ejemplo de esto reveló que “nadie en el mundo discute que la atención a las personas con discapacidad debe ser un rol del Estado. Solo acá”, se dio ese fenómeno, Nombró países como Brasil, EEUU, Chile, otros.

Antes, en una corta charla con periodistas locales, sobre el golpe a este sector, de por sí, vulnerado, Arroyo dijo: “Es difícil entender por qué. La razón no hay que buscarla en la política, o lo presupuestario, porque la ley de emergencia no tiene impacto presupuestario. Decidió lastimar a la discapacidad, cosa que no pasa en ningún otro lugar del mundo”.

Y ejemplificó: “Hubo y hay gobiernos de extrema derecha. Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia. Ninguno creyó que el Estado no tiene que atender a las personas con discapacidad. La idea que se construyó el presidente Milei. De que no es su tarea, sino un problema de la familia, la madre, que cada uno se arregle, es un invento de él, y muy dolorosa la situación”.

Ya en su charla, Arroyo también pasó revista por las barreras que el gobierno le puso a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional en dos instancias. La primera cuando la convirtió en ley. Y luego, otra vez, cuando rechazó el veto del Poder Ejecutivo (Milei). Así y todo, luego terminó cumpliéndola solo en parte, explicó.

Colapso

En esta línea reconoció que el monto de la pensión por invalidez se actualiza por el IPC. Pero reveló que en el proyecto de presupuesto 2027 se vuelve al concepto de “pensión por invalidez laboral”, es decir que el derecho corre para las personas con discapacidad que no pueden trabajar, algo que también es inusual en el mundo entero.

Reveló que entonces “hay una situación de colapso (…) el sistema está trabado” y “nadie sabe cómo hacer para atenderse”. Y criticó que el gobierno liberó la obligatoriedad del nomenclador universal, por lo cual, cada prestador “no tiene obligación de cumplir con el nomenclador” existente y puede pagar según su propia decisión.

Arroyo valoró la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso pues ordena el sistema que conforman las familias, el transporte, los prestadores y las escuelas. Y evaluó, que, con todos los incumplimientos y golpes al sector, el nuevo proyecto que la gestión Milei mandó al Congreso, es inverosímil ¿Por qué lo cumpliría? se preguntó.

Hacia el final de la charla, Arroyo propuso cuatro “desafíos”, que pueden tomarse como condiciones para que el sistema funcione en un país. Primero, lo dijo y lo reafirmó, que “la atención del Estado, a las personas con discapacidad es indiscutible e indelegable”. De hecho, señaló que hay una regla de oro: “a las personas con discapacidad se las atiende”.  

El dolor del otro

El segundo, lograr el aumento del nivel de autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, no debe haber condiciones perversas, como la de no trabajar para acceder a una pensión. O no poseer una vivienda en propiedad, pues esto se lo buscan asegurar los padres a sus hijos, para cuando ellos no estén. Se trata de equidad económica.

El tercer punto que explicó Arroyo es la existencia de un sistema de cuidados establecido legalmente, centrado en la persona, con servicios adaptados a cada situación, lugar, cultura. Y el cuarto que haya un nomenclador universal para las prestaciones, pues es una forma de proteger ante la vulnerabilidad y evitar la exclusión.

Al momento de las preguntas, padres y madres de personas con discapacidad, presentes, dieron testimonio del cruel panorama que describió Arroyo. Falta de acceso a medicamentos, desatención de especialistas, burocracia. Ya no eran conceptos, eran las personas. Sin embargo, se los escuchaba convencidos de que no van a bajar los brazos.

Como experto, Arroyo demostró claramente conocer la legislación en la materia. Estaba informado de la situación actual en la Argentina y en otros países –nombró a varios a lo largo de su alocución-. Pero el principal concepto, hacia el final, salió de su humanidad: “Solo puede gestionar el sistema quien siente el dolor del otro”, dijo.

Gustavo Camps  

fuente. De norte a norte