Congreso: Iniciativa de emergencia social
El proyecto fue presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna y Jaime Linares.
Por Mariana Mei
El texto presentado en la Cámara Baja prevee que el Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón de nuevos puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional, a partir de la vigencia de la presente Ley, los que serán distribuidos entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se crea el Consejo de la economia popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto de proponer en un plazo no mayor a 180 días posteriores a su conformación, un Salario Social Complementario Además, intervendrá en los lineamientos, metodologías, pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular a partir del cual se determine el monto del SSC y recomendará políticas públicas concernientes al ámbito de la Economía Popular.
La situación denota la necesidad de declarar la emergencia en materia social en todo el territorio nacional e implementar una serie de políticas que atiendan a los trabajadores de menores ingresos con la misma celeridad con la que se implementaron otras medidas tendientes a atender la situación de otros sectores de la economía y la sociedad.Por eso se determina una actualización del 15% en el monto mensual de los programas de transferencia directa de ingresos. ElConsejo estará integrado inicialmente por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y hasta tres representantes en nombre de todas las organizaciones inscriptas dentro del Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas. La propuesta sostiene que durante la vigencia de la Emergencia Social se incrementarán en un 15% los valores vigentes, en cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social.
El proyecto tiene en cuenta el ciclo recesivo que atraviesa la economía. Los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes al segundo trimestre de 2016, han mostrado un claro deterioro en las variables vinculadas al empleo respecto a igual trimestre del 2015, arrojando un resultado de 382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000 subocupados demandantes; siendo estos valores de una muestra representativa de 27 millones argentinos. Al proyectar estos indicadores a la población urbana total de argentina -41 millones de habitantes- esta problemática implica la existencia de más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, es decir que han perdido su trabajo o que trabajan menos horas de las que podrían y desearían hacerlo. Teniendo en cuenta además, que a esto debe adicionarse el desempleo rural y que es probable que a futuro el problema del desempleo en Argentina se profundice gradual y sostenidamente cuando los efectos de las políticas económicas implementadas se hayan trasladado en su totalidad a las PyMes. Además se hace referencia al poder adquisitivo de los trabajadores. La devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos provocaron el nivel de inflación más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones de 1989 y comienzos de 1990, siendo la variación de precios esperada del 45% anual y no del 25% como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión. Los convenios colectivos acordados por los
sindicatos alcanzó la inflación anual estimada. De hecho, durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor. Casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales. Al considerar solamente los hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6 de cada 10 unidades domésticas. Los datos revelan además un mayor acceso a programas sociales entre los hogares de los estratos más bajos, dando cuenta así de la necesidad que tienen los mismos de recurrir a la asistencia pública como estrategia de subsistencia económica. En este sentido, hay que señalar que tanto la AUH como la jubilación recibieron los aumentos correspondientes de marzo y septiembre, totalizando un aumento anual en torno al 30%, lo cual puede ser ponderado con el aumento anual esperado de la inflación cerca de un 45% y de la canasta básica alimentaria específicamente en un 57% y concluir que la actualización de los ingresos ciudadanos y de la seguridad social no alcanzará a equiparar la evolución de los índices inflacionarios. Por último también se hace referencia a la caída de la actividad industrial, que en el primer semestre retrocedió 3,6%, los despidos en el sector público y privado, el aumento indiscriminado de la canasta básica, han afectado la capacidad monetaria del conjunto de la sociedad, impactando con mayor fuerza en los sectores más vulnerables de la misma.
