Para el referente de los mercantiles de la región sur del conurbano bonaerense, el paquete reglamentario no constituye una evolución, sino un intento de retrotraer los esquemas de contratación a condiciones del siglo XIX, arrasando con conquistas globales de los trabajadores cimentadas tras décadas de organización y lucha.

En un análisis del impacto de la reforma en el sector, Crosta puso el foco en la pérdida de potestades de los trabajadores frente a las patronales. En su discurso, el dirigente mercantil enfatizó la distorsión del discurso del gobierno de Javier Milei: “Llaman modernización a un retroceso brutal. Nos quieren convencer de que flexibilizar y precarizar es progreso, cuando en realidad están borrando de un plumazo derechos que costaron sangre, como la jornada de ocho horas, que ahora queda sujeta al criterio arbitrario de los empleadores, que encima pueden despedir sin costo a quien no acepte esas condiciones”, apuntó.

Criminalización de la protesta y la «timba» de los despidos

Una de las mayores preocupaciones expresadas por la conducción del CEC-Lomas radica en los dispositivos de disciplinamiento social introducidos en el texto reglamentario. Crosta advirtió que el decreto busca neutralizar de forma coercitiva los mecanismos tradicionales de reclamo gremial, incorporando tipificaciones que rozan la órbita del derecho criminal. Al respecto, subrayó que las nuevas directrices fijan trabas coercitivas al derecho de huelga, abriendo la puerta a persecuciones en los tribunales. “Se trata de un disciplinamiento feroz: el trabajador que se atreva a reclamar puede terminar no sólo en la calle, sino también frente a un juez penal”, alertó el dirigente, trazando un complejo escenario para las comisiones internas de los establecimientos comerciales.

El cuestionamiento del gremio avanzó también sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza a las indemnizaciones tradicionales. Para los mercantiles, este sistema no ofrece resguardo real ante el desempleo, sino que vuelca los ahorros de la seguridad social al circuito financiero especulativo, eximiendo de responsabilidades económicas a las corporaciones. “Lo que antes era un resguardo para el trabajador despedido ahora se convierte en una timba de mercado», disparó Crosta, argumentando que “el dinero que debía ir a las cajas jubilatorias se desvía a la bolsa, con cero riesgo para los empleadores».

Al profundizar en los riesgos de esta desregulación, el titular de la seccional describió la operatoria como un circuito de alta volatilidad donde el asalariado es el único eslabón expuesto a perder su capital de contingencia: “Si las inversiones son rentables, la sociedad de bolsa se queda con las ganancias; si el mercado se desploma, como ocurrió en 2008 en Estados Unidos, nadie garantiza la integridad del fondo. Es un mecanismo perverso que convierte la indemnización en una ruleta financiera”, explicó.

Un plan sistémico para fragmentar los sindicatos

El titular de la organización lomense anticipó que la controvertida naturaleza del texto reglamentario desencadenará una inmediata respuesta en los tribunales federales, en sintonía con la estrategia trazada por el Consejo Directivo de la CGT. Según Crosta, la interferencia del Ejecutivo sobre las medidas legítimas de fuerza resulta insostenible a nivel constitucional e internacional, ignorando los pronunciamientos emitidos por la Corte Internacional de Justicia a instancias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales ratificaron la vigencia y protección de la huelga mediante el Convenio N.º 87. “La reglamentación choca de frente con los tratados internacionales. Pretenden limitar un derecho que la comunidad internacional reconoce como esencial. Esto no sólo es injusto, es inconstitucional”, sentenció.

El referente mercantil detalló que el entramado normativo busca horadar los cimientos del modelo de negociación colectiva de actividad a través de la atomización y la pérdida de vigencia de los convenios tradicionales, restringiendo de forma severa el ámbito de acción de los delegados de base. “Todo esto demuestra que el principal objetivo de lo que llaman modernización es en realidad el debilitamiento y la destrucción de las estructuras de defensa de los trabajadores, rompiendo definitivamente el modelo tripartita de organización de los sistemas laborales que prima en todos los países desarrollados del mundo”, remarcó.

Para cerrar, Crosta retomó los conceptos que ya había esgrimido durante el tratamiento de la norma en el Congreso de la Nación: “Esta ley no genera trabajo, genera miedo. Y ahora, con la reglamentación, ese miedo se institucionaliza”, concluyó.

FUENTE. MUNDO GREMIAL