El Aeroparque Jorge Newbery se convirtió este viernes en el centro de tensión laboral y operativa. Lejos de la cotidianeidad del tránsito aéreo, el hall central y las zonas de embarque reflejaron la profunda crisis que atraviesa el sector aeronáutico nacional, con un nuevo foco de conflicto concentrado en los trabajadores autoconvocados de la empresa Flybondi. La protesta de la compañía de bajo costo se sumó a las manifestaciones matutinas del personal de GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, quienes se movilizaron por despidos, deudas salariales, el incumplimiento de indemnizaciones por retiros voluntarios, además de la reinstalación del delegado sindical Luciano Corradi. Así, la jornada dejó en evidencia que la normalidad operativa de la empresa en la estación terminal está completamente paralizada.

Trabajadores de Flybondi denuncian incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa

El reclamo central contra Flybondi es por la interrupción total de los pagos correspondientes a despidos sin causa justa y acuerdos de retiro voluntario firmados hace más de 90 días. Según explicaron los manifestantes, gran parte de estos compromisos contaban con validez formal: se rubricaron ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster, impulsados por la Directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, Verónica Fúnes, o bien fueron homologados a través del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Sin embargo, ante la falta de transferencias, las promesas fueron incumplidas y obligaron a los damnificados a acudir a los tribunales. «Venimos a reclamar lo que nos corresponde que son nuestros sueldos, nuestras indemnizaciones. Lo que dijeron que iban a pagar y no reconocieron. Nosotros firmamos retiros voluntarios, a la gran mayoría no les pagaron. Fueron acordados con un escribano y nunca les pagaron», reveló una trabajadora desvinculada de la compañía.

El testimonio de los afectados expone no solo la falta de liquidez de la empresa, sino también severas irregularidades operativas e informales en la comunicación de los despidos: «Los que están laburando ahora tienen todos miedo, porque no les pagan desde mayo. Nadie cobra. A muchos no les llegó el telegrama de despido. La mayoría nos enteramos de manera no oficial: no podíamos abrir nuestro mail corporativo ni acceder a la información mensual vuelo a vuelo del mes. Después, cinco días después llega el telegrama», relató uno de los empleados damnificados.

El conflicto trasciende a los despedidos. La nómina de empleados activos tampoco percibió las haberes correspondientes a junio y julio, ni la primera cuota del sueldo anual complementario (aguinaldo). A esto se le suma una situación sanitaria crítica: desde el 6 de agosto, tanto el personal activo como el cesanteado quedaron privados de su cobertura de obra social y medicina prepaga por el corte de aportes patronales.

Deudas del sector privado, usuarios desprotegidos y fiscalización cruzada

Los reclamos hacia la conducción de la aerolínea no provienen únicamente del plano de los recursos humanos. El documento elaborado por los manifestantes expone una red de deudas que abarca múltiples frentes:

• Pasajeros: Cientos de miles de usuarios acumulan hasta ocho meses de espera para recibir el reintegro de pasajes por cancelaciones de vuelos.
• Proveedores: Empresas de servicios registran meses de atraso en sus facturaciones, incluso en acuerdos que ya contaban con esquemas de pago predeterminados.
• Fisco: Existen deudas millonarias con las arcas del Estado nacional y diversas administraciones provinciales por la falta de liquidación de impuestos y tasas aeroportuarias.

Esta coyuntura operativa contrasta con la posición adoptada por las autoridades en el exterior. En Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) decidió restringir la comercialización de pasajes de la aerolínea debido al índice recurrente de fallas técnicas y vuelos suspendidos. Por el contrario, los trabajadores cuestionan que en la Argentina la entidad reguladora mantenga las autorizaciones operativas vigentes para los itinerarios de la firma.

El foco de las críticas apunta a Leonardo Scaturicce, dueño de la compañía desde junio del año pasado. El empresario, señalado por su cercanía al Gobierno nacional y por cuestionados episodios de controles aduaneros en vuelos privados provenientes de Miami, es acusado por las familias afectadas de actuar bajo el paraguas de la inacción gubernamental y con el aval de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), gremio al que reprochan la falta de contención laboral.

Solidaridad intergremial en el sector aeronáutico

La manifestación sumó el respaldo de otros sectores en conflicto dentro de la actividad. Luciano Corradi, referente gremial de GPS en Aerolíneas Argentinas, extendió su apoyo a las medidas adoptadas por los manifestantes autoconvocados.

Corradi encuadró el escenario actual dentro de una disputa sobre el modelo de la aviación comercial en el país, cuestionando el avance de esquemas low cost y rechazando las reformas laborales que, según su visión, quitan representatividad a la tutela de los derechos de los asalariados.

Frente a la dilatación de los plazos judiciales y la ausencia de respuestas oficiales del Ministerio de Trabajo, los trabajadores aseguraron que mantendrán las acciones de visibilización en los aeropuertos para impedir que los acuerdos firmados sigan siendo incumplidos.

mUNDO  REMIAL