Y, como siempre, llega el mismo ritual. Conferencias de prensa, filas de funcionarios consternados «pour la galerie, anuncios de emergencia por enésima vez, promesas de fondos extraordinarios. Pero cuando se apagan las cámaras, también se apaga el interés de los políticos de turno. Y los incendios arrasan sin que los conmuevan las declaraciones.
La Ley de Bosques (L. Nº 26331) existe y está vigente, pero su financiamiento real nunca alcanzó lo que establece la propia norma: el 0,3% del Presupuesto Nacional. Año tras año la partida asignada se recorta o sub ejecuta. La prevención queda relegada, los brigadistas trabajan con recursos limitados y el manejo del fuego depende más del heroísmo que de la planificación. Es en increíble que en 2026 no existan torres con vigías del fuego y drones para prevención y dar una alerta temprana que posibilite mayores oportunidades de combate efectivo contra los mismos.
Se culpa al clima, a la sequía o al viento. Todo eso influye, sin duda. Pero lo que más quema es la desidia. Desmontes ilegales que avanzan, controles débiles, mapas de ordenamiento territorial que se modifican según conveniencias económicas y un Estado que llega tarde adrede, cuando el daño es irreversible. Por eso resulta imposible no hablar de responsabilidades.
Después del fuego, el abandono. Las tierras arrasadas quedan expuestas a los negocios inmobiliarios, a nuevos desmontes encubiertos, también a la erosión; la reforestación, que debería ser una política de Estado, se transforma en una nota al pie de los discursos oficiales. Plantar árboles no genera titulares ruidosos, pero reconstruye el futuro.
Los bosques nativos no son un lujo ecológico. Regulan las lluvias, protegen las cuencas hídricas, absorben carbono. Mitigan los daños del cambio climático. También sostienen economías regionales y culturas enteras, cuyas comunidades también sufren con los incendios. Cuando se queman bosques nativos, no pierde solo una provincia, pierde el país.
La dirigencia política argentina tiene una deuda ambiental que crece al ritmo de las hectáreas incendiadas. Gobernar no es solo administrar la emergencia, es prevenirla. No es solo declarar zonas de desastre; es invertir antes, controlar de verdad, no admitir negociados inmobiliarios y reforestar. Se deben exigir políticas reales, no para cortar cintas y luego hacerse humo.
Pero, además, es tiempo de promover un compromiso social concreto que se convierta en una campaña nacional simple y verificable, con la donación de árboles nativos para que se planten en los lugares afectados. Las desarrolladoras inmobiliarias, desde ya deben aportar, pero también intendencias, concejos deliberantes, parlamentos provinciales, el Congreso Nacional, gobernaciones.
También deberían acompañar sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, empresarios, universidades, clubes de futbol y organizaciones de la sociedad civil, e incentivar a celebridades de la música, deportes y del espectáculo en esta iniciativa. Miles de árboles no compensan el daño de un incendio. Pero miles de instituciones comprometidas pueden empezar a cambiar la historia. No se trata de reemplazar ni diluir responsabilidades, sino de predicar con el ejemplo y generar una conciencia ecológica nacional nueva.
Proponemos una meta desde nuestro espacio. Un millón de árboles nativos para reforestar los lugares que sufren incendios. Expertos conocen perfectamente las especies que deben plantarse en cada lugar. De esa manera, desde la propia sociedad podremos demostrar que la responsabilidad ambiental no se declama, se siembra.
Fuente. LPO
