La Cámara Baja aprobó el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo por 129 votos afirmativos contra 125, tras una sesión de casi 22 horas. En gran parte del país sigue sin llevarse adelante la ley de Educación Sexual Integral aprobada en 2006, una de las premisas que solicitó el colectivo de la sociedad que pidió la aprobación de este proyecto. Repercusiones y lo que espera su tratamiento en el Senado.
El texto del proyecto votado por diputadas y diputados al amanecer del 14 de junio reserva un artículo, el 15, a la objeción de conciencia. Este ejercicio se reconoce de manera exclusiva a los profesionales de la salud y solo luego de que la haya manifestado “de manera individual y por escrito” a las autoridades. La iniciativa advierte de manera explícita que “queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. En la redacción tal como ingresó al Senado, el texto señala: Objeción de conciencia. El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. La objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la profesional. El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable. Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.
El diputado nacional por Neuquén, Darío Martínez (FpV-PJ) expresó: “Aprobar esta ley significa que el Estado empiece a estar presente con herramientas a disposición de la sociedad, reforzando la educación sexual, pero también con herramientas para acompañar a aquella mujer que decide interrumpir su embarazo, no solo para bajar el número de muertes maternas, sino para bajar el número de abortos”. El legislador Martínez afirmó: “Encarar a tiempo y ayudar a una persona que toma esta decisión, con psicólogos, asistentes sociales y ginecólogos, puede ayudar también a que revea su postura. Pero si no la revee, hace que lo haga en condiciones de seguridad como las que puede ofrecer el sistema público de salud”.
“Discutimos una ley que hace a la salud pública de nuestro país, que involucra a cientos de miles de mujeres para ir en un camino que intente empezar a protegerlas y empezar a cuidar su calidad de vida. Hoy millones de mujeres se han expresado”, sostuvo Martínez.
En las 48 horas previas a que la discusión por la despenalización y legalización del aborto llegue a la Cámara de Diputados, más de una veintena de escuelas secundarias porteñas y algunas sedes de facultades comenzaron a realizar asambleas, tomas, talleres, vigilias y «pernoctazos» para finalmente movilizarse al Congreso a favor de la aprobación de la ley.
La titular del Cuerpo, Gabriela Michetti, dispuso que la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados pase por Salud, Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. El Senador Miguel Angel Pichetto, titular del PJ en el Senado denunció que tratan de dilatar que el tema llegué al recinto.
Esta semana se realizó una reunión a puertas cerradas en el despacho del rionegrino, que recibió, entre otras personalidades, a la escritora Claudia Piñeiro, las actrices Verónica Llinás y Dalma Maradona, la dirigente política Malena Galmarini y representantes de la Fundación Huésped.
También formaron parte del encuentro los diputados Daniel Lipovetzky, Victoria Donda y Silvia Lospennato, tres de los protagonistas parlamentarios de la media sanción en Diputados.
El proyecto de aborto legal, también tendría en el Senado un escenario dividido en porciones prácticamente iguales, por lo que la definición de los votos de los indecisos será fundamental para dilucidar hacia dónde se inclina la balanza. Los que vienen trabando un tratamiento rápido son, los detractores del proyecto. Serán los hasta ahora indecisos los que definirán la suerte de esta iniciativa.
Agenda de Género: Avances en el proyecto de crear un registro de casos de violencia.
En tanto en la Legislatura, la diputada porteña Andrea Conde presentó ayer un proyecto de ley para crear un registro que amplíe y mejore la recolección oficial de datos sobre violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires. Ante la falta de datos, la legisladora presentó un proyecto de ley para crear un programa que incluye la creación de un registro de violencia de género.
Actualmente los únicos datos sobre la temática son los que reúne la Casa del Encuentro. El Registro es un instrumento que permitirá unificar la información sobre los delitos, contravenciones y cualquier otro hecho que implique violencia de género que se lleve adelante en la Ciudad de Buenos Aires, incorporando una perspectiva mucho más amplia respecto a la violencia de género que se encuentre en consonancia con nuestra normativa local. De esta manera, el acoso callejero, el hostigamiento, las lesiones y los actos discriminatorios referentes a la identidad sexual convivirán en un mismo registro junto con los casos de femicidio.
La Ciudad incorporó la perspectiva de género en la elaboración de todas las estadísticas a partir de la sanción de la Ley N° 474 en el año 2000, los datos disponibles en las mismas sólo se desagregan por la variable sexo (mujer-varón). Además, los últimos indicadores referentes a violencia de género fueron relevados en el año 2016 y no consideran como registro clasificatorio las identidades de género travesti y trans. Asimismo, las estadísticas públicas confeccionadas por el Gobierno de la Ciudad sólo hacen referencia a los crímenes de género considerados femicidios y no a otros tipos de violencia existentes. Conde explicó:»Lo que buscamos es que la recolección de datos oficial sea acorde a la buena normativa que hoy tenemos en la Ciudad sobre violencia de género para poder sentar las bases del desarrollo de políticas públicas que hoy son más necesarias que nunca».
