El Congreso quiere pronunciarse por el polémico fallo de la Corte que aplica el 2×1

Legisladores de distintos espacios pretenden intervenir sobre el tema con propuestas para limitar el beneficio de conmutación de la pena .Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda pidió juicio político para los miembros de la Corte.

Por  Mariana Mei

El Frente de Izquierda presentó un pedido de juicio político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco –los tres que fallaron a favor del 2×1- por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto fue presentado por Néstor Pitrola (Partido Obrero), quien además llamó a marchar el miércoles a Plaza de Mayo.

En declaraciones a la prensa Giordano señaló: “Esta Corte Suprema se tiene que ir. Basta de cortesanos puestos a dedo, con cargos vitalicios y sueldos millonarios. Hay que elegir a todos los jueces por el voto popular. Todo juez tiene que cobrar lo mismo que una directora de escuela y sus cargos deben ser revocables. Y se debe implementar el juicio por jurados”. Agregó: El gobierno dice que hay una “justicia independiente”. Pero dos de los jueces del 2×1 (Rosatti y Rosenkrantz) los puso Macri con el aval del Frente para la Victoria en el Senado. Y a Highton de Nolasco la puso el kirchnerismo. Son jueces puestos a dedo por los gobiernos de turno para que avalen sus políticas, fallen a favor de la impunidad, los grandes empresarios y contra los trabajadores. Esto se tiene que terminar.”

Por su parte el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien el fin de semana adelantó que impulsará en la Cámara alta un proyecto para limitar el beneficio del 2×1. El plan consiste en acotarlo a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la Ley 24.390, entre 1994 y 2001.“La ley se le puede aplicar a quienes estuvieron presos mientras estaba vigente la ley, no después de derogada”, advirtió Pinedo .También desde el oficialismo Daniel Lipovetzky calificó como “un verdadero despropósito” y “un retroceso” el fallo supremo, pero dijo no coincidir con la posibilidad de un juicio político contra los jueces que suscribieron esa resolución porque -indicó- “aunque el fallo tenga una fundamentación jurídica equivocada, la tiene”.

“Este tipo de beneficios no deberían existir nunca pero, si existió esa figura, nunca debió ser aplicable a delitos de lesa humanidad”, aseguró el legislador, quien pidió, no obstante, “respetar” el fallo de la Corte Suprema.

La diputada Victoria Donda convocó para este martes a las 18 a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con el fin de “considerar” la decisión de la Corte. La legisladora impulsa una iniciativa para que los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad no puedan acceder a los beneficios de la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena, y no puedan gozar de la conmutación o reducción de sus penas, en ninguna de sus formas y bajo ningún concepto.

Así también,la jefa del bloque socialista, Alicia Ciciliani. “Creímos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos”, lamentó.

El bloque del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, presentará  otro pedido de juicio político, en sintonía con el pronunciamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo la semana pasada. La bancada también unificaría un proyecto para acotar los beneficios a represores.

En tanto, el Frente Renovador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También buscará destituir, vía juicio político, a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes”El massismo trabaja además junto a Donda y Margarita Stolbizer (GEN) en una declaración de repudio del pleno de la Cámara de Diputados al fallo supremo, por considerar que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.

En el Senado, la senadora Nancy González del Frente para la Victoria propuso tres modificaciones al Código Penal con el objeto de asentar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “El fallo es una aberración jurídica. Atenta contra los pilares de nuestra democracia”, denunció la chubutense. En primer lugar, propone incluir en el artículo 2 la prohibición de la aplicación del beneficio de la “ley penal más benigna” en el caso de los delitos de lesa humanidad enumerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma (aprobado en nuestro país por la Ley 25.390). Dicha prohibición figura en la actualidad solo para los delitos ligados al narcotráfico. Actualiza los artículos 67 y el 32 bis del Código Penal para que se incluya en el sistema legal nacional la imprescriptibilidad y la no aplicación del beneficio de la prisión domiciliaria en el caso de delitos de lesa humanidad. En rigor, estas modificaciones ya se encuentran vigentes en el sistema penal argentino por la ratificación de los tratados internacionales con rango constitucional. El proyecto busca la adaptación del sistema legal interno al marco internacional al que adhiere nuestro país.