“Fijan posicionamiento político frente al tarifazo en los servicios públicos”
“Desde el PARTIDO INTRANSIGENTE reclamamos la inmediata convocatoria del Gobierno a Audiencias Públicas en forma previa a la conformación del cuadro tarifario de los servicios públicos, en el entendimiento que todo acto administrativo que pretenda modificar los precios vigentes debe prever la intervención de los usuarios como un recaudo de forma y contenido sustancial para el logro de su validez”, así lo expresó el Presidente de la Mesa Nacional Partidaria, Enrique Gustavo Cardesa.-
“Las audiencias públicas deben convocarse con suficiente publicidad y anticipación, garantizando la accesibilidad de los interesados a la plena información sobre los datos objetivos relativos a la inversión de las generadoras, transportadoras y distribuidoras de los servicios, costos y valor agregado de distribución. Asimismo, deben explicitar el programa energético que se pretende y la calidad del servicio a prestar. De lo contrario, cualquier convocatoria que carezca de estos contenidos, sólo profundizará el ataque oficialista hacia el bolsillo de los trabajadores, empresas, clubes, instituciones y sectores populares”.-
Por su lado el Presidente del PI bonaerense, el Dr. Juan Ignacio Ferreyra, indicó: “Los Intransigentes hemos fijado postura en la reciente Audiencia Pública relativa al servicio de energía eléctrica desarrollada en Mar del Plata, donde impugnamos la validez de su convocatoria que pretendió restringir la participación de los bonaerenses, omitiendo su difusión y el conocimiento del expediente a tratar, a la par que invocamos la defensa del acceso, uso y conservación del servicio público como un Derecho Humano de los Usuarios garantizado por el ordenamiento constitucional y convencional, y denunciamos concreta discriminación en torno a la implementación de la tarifa social eléctrica por parte de la Gobernadora María Eugenia Vidal, que perjudica a los habitantes del interior provincial”
Asimismo, el PI Nacional rechazó enfáticamente “el aumento tarifario pretendido por el Gobierno Nacional denunciándolo como irrazonable y desproporcionado, representando un ilegítimo despojo y transferencia de recursos de los sectores del trabajo y la producción en beneficio de las multinacionales que titularizan la explotación de los recursos y mercado energético argentino, reclamando una revisión inmediata del tarifazo con participación de la oposición, entidades de usuarios y consumidores, con planificación prudente y gradual en un período no menor de 5 años sólo para el caso que se justificaran aumentos en los precios”.-
