“Estamos rifando la ciudadanía y la soberanía territorial”
Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista y exjuez cuestionó el programa anunciado por el Gobierno, que permitirá obtener la ciudadanía argentina mediante un aporte de 350 mil dólares o la compra de títulos públicos. En diálogo con Rodrigo Marcogliese, advirtió que la iniciativa podría facilitar la adquisición de tierras y recursos estratégicos por parte de grandes capitales extranjeros.
El abogado constitucionalista y exjuez Miguel Rodríguez Villafañe expresó su rechazo al Programa de Ciudadanía por Inversión anunciado por el Gobierno nacional durante la Argentina Week realizada en París.
La iniciativa establece que los extranjeros podrán solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o a través de la compra de un título público por 800 mil dólares. Según la información oficial, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el último trimestre de 2026.
En una entrevista realizada por Rodrigo Marcogliese para Comunas AM, Rodríguez Villafañe sostuvo que la propuesta no puede analizarse únicamente como una herramienta destinada a captar inversiones. A su entender, debe relacionarse con la derogación de la Ley de Tierras y con la posibilidad de que grandes fortunas internacionales accedan sin restricciones a territorios y recursos naturales argentinos.
“Por 350 mil dólares se entrega la ciudadanía argentina a determinados personajes. Para alguien que posee una fortuna multimillonaria, esa cifra no representa prácticamente nada”, afirmó.
Ciudadanía por inversión
El Gobierno presentó el programa como parte de su política de apertura económica e integración internacional. Además del aporte de 350 mil dólares, se contempla la alternativa de suscribir un bono especialmente creado para la iniciativa.
Rodríguez Villafañe señaló que el proyecto establece diferencias basadas en la capacidad económica de las personas y habló de una “ciudadanía VIP” reservada para quienes puedan pagarla.
“Estamos en un país rifado. Se pone la ciudadanía al servicio de los poderosos”, cuestionó.
El constitucionalista explicó que la legislación argentina contempla requisitos de residencia para acceder a determinados derechos. En particular, recordó que la Ley 26.737 establecía condiciones especiales para que una persona extranjera dejara de ser considerada como tal a los efectos de adquirir tierras rurales.
Según su interpretación, otorgar directamente la ciudadanía mediante un aporte económico permitiría eludir esas limitaciones. De esta manera, quienes ingresen al nuevo programa ya no serían considerados extranjeros y podrían comprar grandes extensiones de territorio como ciudadanos argentinos.
“Si se reflota la Ley de Tierras, pero estas personas ya obtuvieron la ciudadanía, podrían adquirir tierras sin quedar alcanzadas por las restricciones aplicables a los extranjeros”, advirtió.
La derogación de la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Entre otras disposiciones, establecía un máximo del 15 por ciento para la titularidad extranjera y restringía la adquisición individual a mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
La norma fue derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Posteriormente, un amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata obtuvo un fallo favorable de la Cámara Federal de La Plata, pero la Corte Suprema rechazó la demanda al considerar que el CECIM carecía de legitimación procesal.
Rodríguez Villafañe criticó la decisión del máximo tribunal y afirmó que, como consecuencia, actualmente no existen los límites que establecía la Ley de Tierras para la compra de territorio rural por parte de extranjeros.
También sostuvo que el DNU 70/2023 es “nulo de nulidad absoluta” porque, a su entender, el Poder Ejecutivo asumió facultades legislativas sin que existieran las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución Nacional.
El antecedente de Valle Hermoso
Durante la entrevista, el exjuez recordó el caso de Valle Hermoso, en la provincia de La Rioja. En 2008, un inversor estadounidense adquirió en una subasta unas 200 mil hectáreas que comprendían un pueblo habitado por centenares de familias, además de viviendas, una capilla, una escuela, un puesto sanitario y reservas de agua dulce.
Los habitantes permanecieron en el lugar e iniciaron una extensa disputa judicial. De acuerdo con Rodríguez Villafañe, la compra no pudo consolidarse porque la Justicia reconoció la posesión efectiva de las tierras por parte de sus pobladores.
El abogado utilizó ese caso para mostrar las consecuencias sociales que puede tener la concentración de grandes extensiones territoriales cuando existen comunidades asentadas desde hace generaciones, pero sin la documentación dominial correspondiente.
“En muchos lugares del interior las tierras pasan de padres a hijos sin que se completen las sucesiones. Después aparece alguien con dinero, compra los derechos de algún heredero e intenta desalojar a todos”, explicó.
La Patagonia y los recursos naturales
Rodríguez Villafañe vinculó el programa de ciudadanía con el interés internacional por la Patagonia, los acuíferos, los glaciares y otras fuentes de agua dulce. También mencionó el conflicto por el acceso al Lago Escondido y las propiedades del empresario británico Joe Lewis.
“El problema no es solamente lo que existe sobre la superficie. También están en juego el agua, los recursos naturales y el control de lugares estratégicos”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que determinados proyectos tecnológicos, energéticos y productivos requieren enormes cantidades de agua y pueden afectar cuencas que abastecen a distintas provincias.
Para el constitucionalista, la discusión debe incluir también la Ley de Glaciares y los conflictos hídricos que involucran a ríos como el Atuel y el Colorado. “Cuando se destruye un glaciar no existe posibilidad de reconstruirlo. Podemos dejar a una provincia sin agua”, alertó.
Una política anunciada fuera del país
Otro de los cuestionamientos fue que el programa se anunciara durante un encuentro con inversores realizado en París y no ante la sociedad argentina.
Rodríguez Villafañe consideró que esa decisión evidencia quiénes son los destinatarios principales de la propuesta: “Se les está hablando directamente a los compradores de nuestros bienes”.
A su juicio, el Gobierno busca obtener un ingreso inmediato de divisas sin medir las consecuencias futuras. También advirtió que, para las grandes fortunas internacionales, los montos exigidos podrían resultar insignificantes frente al valor de los recursos y territorios a los que eventualmente podrían acceder.
“No están vendiendo solamente un pasaporte. Están poniendo en juego una parte de la Argentina”, sostuvo.
Un debate constitucional pendiente
Consultado sobre la posibilidad de llevar la medida ante la Justicia, Rodríguez Villafañe señaló que deberán conocerse las normas que reglamenten el programa para determinar las acciones judiciales correspondientes. No obstante, anticipó que existen fundamentos para cuestionar su constitucionalidad.
El exjuez también reclamó que el Congreso asuma su responsabilidad institucional y recordó que la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva años sin una autoridad designada, pese a tratarse de un organismo constitucional encargado de proteger derechos colectivos.
Finalmente, advirtió sobre la necesidad de defender la educación pública, el periodismo y el acceso a la información frente a decisiones que comprometen el futuro del país.
“Tenemos que evitar que nos roben el futuro y exigir que se cumpla la Constitución Nacional”, concluyó Rodríguez Villafañe.
