Desde la Unión Cívica Radical, nuestro compromiso con la verdad y la equidad es innegociable
El reciente debate en torno al proyecto de ley que busca agravar las penas para las llamadas «falsas denuncias» nos obliga a detenernos y analizar qué es exactamente lo que se está discutiendo. Detrás de un discurso que apela al sentido común —el justificado rechazo a la mentira en el ámbito judicial— se esconde un dictamen que, de aprobarse, representaría un grave retroceso institucional y una barrera directa para el acceso a la justicia.
Desde la Unión Cívica Radical, nuestro compromiso con la verdad y la equidad es innegociable. A nadie le parece justo que se instrumentalice el sistema penal mediante denuncias falsas que arruinan reputaciones y tienen consecuencias irreversibles. Sin embargo, legislar basándose en excepciones y no en la regla es una práctica de demagogia punitiva que profundiza las asimetrías institucionales en lugar de resolver el problema de fondo.
Los datos objetivos son claros: la proporción de falsas denuncias es estadísticamente marginal en comparación con el volumen de delitos reales. Aún más importante, no existe ningún vacío legislativo en la Argentina que justifique esta reforma. El Código Penal actual ya prevé y sanciona severamente la falsa denuncia y el falso testimonio. Lo que este proyecto intenta solucionar ya tiene una respuesta en nuestro ordenamiento jurídico.
Al analizar el dictamen de comisión, nos encontramos frente a un texto francamente invotable por sus gravísimos errores técnicos. El aumento desproporcionado de las penas rompe con la lógica de nuestro Código Penal. Como bien advirtió el Dr. Ricardo Gil Lavedra al analizar el dictamen: ‘el proyecto habla de categorías que no existen en el Código Penal, como la referencia de delitos dolosos graves.
Pero el mayor peligro de este proyecto no radica solo en su pésima técnica legislativa, sino en el mensaje que envía y el desincentivo que genera.
Gran parte de la violencia que sufren las mujeres ocurre en la oscuridad del ámbito privado, sin testigos y bajo complejas asimetrías de poder. Si el Estado, en lugar de allanar el camino para que estas víctimas rompan el silencio, decide enfocar sus esfuerzos legislativos en amenazar con penas draconianas a quienes denuncian, el resultado es evidente: la impunidad. El miedo a no poder probar un hecho en la justicia —algo muy frecuente en delitos de instancia privada— se transformará en el miedo a ser procesada y embargada por «falsa denuncia».
Nuestros legisladores tienen la responsabilidad de no cometer un error histórico. Resolver los problemas del sistema judicial exige mejores prácticas procesales, no un retroceso normativo que consolide la impunidad.
*Patricia Caseres
Secretaria de Mujer y Diversidad
UCR Capital
