La crisis que atraviesa la industria textil argentina sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto sobre el empleo. La empresa Fisipa, que años atrás había logrado recuperar la histórica planta de la ex Sniafa en La Plata y reactivar una importante fuente de trabajo para la región, hoy enfrenta un escenario límite: ingresó en concurso preventivo de acreedores, acumula una deuda superior a los $565 millones y redujo su plantel de casi un centenar de trabajadores a apenas ocho.

El caso volvió a encender las alarmas dentro del sector gremial, que desde hace meses viene advirtiendo sobre el deterioro de la actividad manufacturera y la desaparición de puestos de trabajo en distintas ramas industriales. Lo ocurrido en la firma platense expone el difícil presente de una actividad que combina caída del consumo, aumento de costos, apertura de importaciones y una producción cada vez más reducida.

La historia de Fisipa había comenzado con una fuerte impronta de recuperación industrial. Tras la paralización de la ex Sniafa, la compañía reactivó la planta y reincorporó a decenas de trabajadores especializados en la fabricación de hilados sintéticos. Durante varios años logró sostener la producción y consolidar una estructura cercana a los 100 empleados, convirtiéndose en un símbolo de recuperación para el cordón industrial platense.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente. La empresa argumentó que las dificultades para sostener la actividad se profundizaron por el incremento de los costos productivos, la caída del mercado interno, las complicaciones para acceder a insumos y un escenario económico que terminó afectando la continuidad de la producción. Ese proceso derivó en suspensiones, reducción de personal y, finalmente, en el concurso preventivo.

Uno de los episodios que mayor tensión generó ocurrió semanas atrás, cuando un grupo de trabajadores denunció haber sido despedido sin previo aviso. Durante las audiencias desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa ofreció abonar solo una parte de las indemnizaciones, una propuesta que fue rechazada por los empleados y sus representantes sindicales, quienes reclamaron el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia Comercial, el pasivo supera los 565 millones de pesos e incluye deudas financieras, comerciales, fiscales, previsionales y laborales. Precisamente estas últimas representan uno de los montos más significativos, reflejando el fuerte impacto que la crisis tuvo sobre quienes dependían de la fábrica para sostener su fuente de ingresos.

Para el movimiento obrero, la situación de Fisipa trasciende la realidad de una sola empresa. Se trata de un nuevo ejemplo de las dificultades que enfrenta la industria nacional y del costo social que implica la pérdida de capacidad productiva. En un contexto donde distintos sectores manufactureros registran caídas en la actividad y cierres de establecimientos, los gremios insisten en que resulta imprescindible implementar políticas que prioricen la producción y la defensa del empleo.

Mientras el proceso judicial avanza y crece la incertidumbre sobre el futuro de la firma, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a todo el sector industrial: cómo evitar que empresas con décadas de historia terminen reducidas a su mínima expresión y que cientos de familias vean desaparecer su sustento laboral.