Gremio del gas se declaró en estado de alerta por despidos  masivos en distribuidoras y transportadoras

La conducción del gremio, que encabeza Guillermo Mangone, expuso una fuerte paradoja entre las drásticas medidas de ajuste aplicadas sobre el personal y la realidad financiera que lucen las empresas del sector. A través de un comunicado de prensa, la Federación detalló que los despidos arbitrarios de operarios experimentados y con antigüedad se ejecutan en un contexto donde el sector hidrocarburífero y de servicios atraviesa uno de sus mejores períodos económicos, apuntalado por balances comerciales favorables, subas de tarifas sistemáticas autorizadas por el Gobierno nacional y una notable consolidación de sus indicadores de rentabilidad.

Desde la FETIGNRA enfatizaron que el recorte de las plantillas de personal propio no responde a dificultades operativas genuinas ni a crisis financieras internas. Por el contrario, calificaron la estrategia como una maniobra corporativa orientada puramente a recortar costos mediante el reemplazo de trabajadores bajo convenio por firmas contratistas externas, lo que deriva en una “degradación técnica” de los puestos de trabajo en el marco de las políticas de desregulación económica que impulsa la gestión de Javier Milei.

Los riesgos de la tercerización en un servicio público esencial

El sindicato alertó sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad actualmente y el peligro latente para la sociedad. De acuerdo con lo planteado por el gremio, tareas de alta complejidad operativa que históricamente estaban asignadas a personal de planta especializado ahora son derivadas a compañías tercerizadas cuyas nóminas operan con menores estándares de cobertura laboral y, en situaciones críticas, sin el entrenamiento técnico reglamentario para operar una red de servicios públicos.

Este cambio en el esquema de empleo no solo afecta los derechos de los trabajadores del sector, sino que proyecta serios interrogantes sobre el mantenimiento del sistema general. La Federación dejó asentada su preocupación por las consecuencias que este vaciamiento de personal técnico calificado pueda provocar en el mediano plazo sobre la calidad de la prestación domiciliaria e industrial, así como en los protocolos de seguridad indispensables para la manipulación y transporte del fluido gaseoso, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Un ente de control paralizado por internas millonarias

La advertencia del gremio coincide con un momento de profunda inestabilidad institucional en los organismos del Estado encargados de auditar a las licenciatarias del servicio. La principal autoridad, Néstor Marcelo Lamboglia, renunció al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), a menos de un mes de haber sido designado en el cargo, asumiendo de manera interina el vicepresidente Vicente Serra.

Según trascendió en los últimos días, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una feroz interna con el vocal del organismo, Marcelo Nachón, quien fue interventor de Enargas hasta mayo. Las disputas abarcaron desde la renovación de contratos hasta las marcadas diferencias salariales entre las estructuras del ex Enargas y del ex ENRE: en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras que en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón faltó a la reunión de directorio convocada para aprobar los nuevos aumentos tarifarios.

En ese contexto de crisis institucional, la FETIGNRA cuestionó lo que denominó una marcada y cómplice «pasividad de los organismos de control» frente a las modificaciones en las estructuras de personal. El gremio advirtió que la fiscalización de la seguridad operativa y el resguardo de las fuentes de trabajo técnico deberían ser prioridades absolutas de la agenda pública, pero el regulador estatal se encuentra paralizado por peleas de poder internas mientras las distribuidoras avanzan con su plan de achique.

Las exigencias del gremio ante el modelo libertario

Con este escenario, las autoridades de la Federación exigieron el cese inmediato de los despidos arbitrarios, la preservación de cada puesto laboral y el respeto irrestricto de las conquistas convencionales adquiridas. Asimismo, instaron a las mesas directivas empresariales a reorientar sus políticas hacia programas genuinos de capacitación interna, estabilidad y desarrollo profesional del personal, advirtiendo que de continuar el conflicto podrían profundizarse las medidas de fuerza en todo el país.

FUENTE.  MG