Diputados presentan un pedido de informes por el envío de aviones militares hércules a Bolivia
Exigen garantías de que el operativo no colabore con la represión
Diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezados por Juan Marino, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío, dispuesto entre el 15 y el 16 de mayo, de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, en pleno proceso de represión a la rebelión popular masiva que reclama su renuncia. Los operativos represivos del gobierno boliviano ya dejaron personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos —algunos con impactos de bala que provocaron pérdida de visión— y al menos 47 detenidos al 16 de mayo, según denuncian las organizaciones populares que protagonizan la movilización.
El diputado nacional opositor de Bolivia, Rolando Pacheco, ha denunciado públicamente el día de ayer que los aviones Hércules no estarían trasladando ayuda humanitaria sino material para reprimir las movilizaciones.
El proyecto exige al Ejecutivo informar sobre la carga transportada, el personal embarcado, los acuerdos militares con Bolivia y con el «Escudo de las Américas» presidido por Donald Trump, y el estado actual de la causa judicial por el envío de armas y munición antitumulto realizado por el gobierno de Mauricio Macri al gobierno de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, días antes de las masacres de Sacaba y Senkata, con resolución firmada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. «Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», afirmó el diputado.
El cuadro político se agrava por dos hechos adicionales. El 24 de abril el gobierno de Paz designó como Viceministro de Seguridad Ciudadana al General Rodolfo Montero Torrico, que era Comandante General de la Policía Boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019, fue señalado por el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de la cadena de mando responsable y está imputado por la Fiscalía boliviana por genocidio, homicidio y lesiones graves. En paralelo, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo, segundo donante de la campaña presidencial de Milei en 2023 e investigado por la justicia brasileña por organizar milicias digitales en las elecciones de 2022, se desempeña hoy como asesor personal del presidente Paz Pereira, según declaraciones públicas del vicepresidente boliviano Edmand Lara.
La sospecha sobre la verdadera naturaleza del envío se acrecienta cuando se contrasta con la indiferencia del gobierno argentino frente a otras emergencias humanitarias reales en la región. La Argentina votó por primera vez en su historia a favor del bloqueo a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de octubre de 2025, y no dispuso ninguna medida de asistencia humanitaria a la isla, pese a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos caracterizó en febrero y mayo de 2026 la situación cubana como «privación energética» provocada por la orden ejecutiva de Donald Trump que impone un bloqueo de combustible. «Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión.
El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda. No podemos tolerar que el Estado argentino respalde la represión. Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta», planteó Marino.
