Una “Tormenta Negra” de puro humo

“Venimos a allanar”, le dijeron. Mónica Troncoso (49) sintió primero desconcierto. Después bronca. Y finalmente miedo. Eran las ocho y media de la noche y estaba reunida con otros integrantes de la Cooperativa “Che Qué Rico” en el Barrio Fátima, en Villa Lugano, cuando tres inspectores acompañados por una veintena de policías irrumpieron en la puerta de su humilde hogar. Algunos llevaban pasamontañas, armas largas, cascos y chalecos. Otros eran agentes de civil. Había efectivos de la Brigada, personal de tránsito y agentes del Gobierno porteño. Veinte policías para una cocina comunitaria.

El contexto de esta escena fue el “Operativo Tormenta Negra” organizado por el Gobierno de la ciudad, un despliegue de 1.500 efectivos, patrulleros y un helicóptero, que terminó con 27 detenidos en diversos barrios y sin desarticular un solo búnker narco, ya que los allanamientos vinculados a causas judiciales se habían realizado días antes.

“¿Dónde está la orden de allanamiento?”, preguntó Mónica. Entonces los inspectores corrigieron el discurso: ya no era un allanamiento, sino una “inspección de salubridad”.

La escena tenía algo de operativo anti narco. Pero adentro no encontraron armas ni droga sino bolsas de harina, bandejas, garrafas y un horno donde se cocina comida para vender y también para donar. “Nos felicitaron por la limpieza”, cuenta Mónica, técnica electromecánica, pastelera y referente de La Poderosa.

Gracias a un crédito al que accedió poco antes de la pandemia, pudo construir una habitación donde vive con su pareja. Arriba duerme. Abajo funciona la cooperativa. Desde ahí alimentan a familias del barrio, sostienen una olla popular y ayudan a mujeres en situación de violencia, familias con hijos discapacitados y personas en situación de calle.

La clausura llegó igual

“Nos dijeron que si volvíamos a abrir nos podían llevar presos”, relata. El argumento fue la falta de habilitación formal en un barrio donde, según denuncia, muchas direcciones ni siquiera existen administrativamente para el propio Gobierno de la Ciudad. También objetaron la instalación eléctrica y amenazaron con iniciarles una causa judicial.

“Nos sacan las garrafas, nos bajan las raciones de comida y después nos preguntan por qué crece el narco”, asegura indignada.

El diputado de Unión por la Patria y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, calificó al operativo como “una acción estigmatizante hacia los más vulnerables”. “Buscan sacarse una foto para parecer más duros que Patricia Bullrich. Esto es estrictamente electoral”, sostuvo.

Palazzo también cuestionó que el Gobierno porteño plantee que “los delincuentes tienen que vivir con miedo” mientras —afirmó— existen causas de corrupción y delitos económicos que afectan a otros sectores de poder, como al vocero presidencial Manuel Adorni.

El bloque legislativo Fuerza por Buenos Aires también criticó el “Operativo Tormenta Negra” y lo calificó como “un show carísimo” por el despliegue de efectivos, patrulleros y un helicóptero.

Para Claudia Neira, presidenta del bloque, el operativo fue un show mediático: “Hay una necesidad enorme de seguridad en los barrios populares. Falta Estado, servicios y vivienda. Lo que hace el Gobierno porteño es entrar con toda esta parafernalia que puede generar sensación de seguridad por unas horas, pero después los vecinos vuelven a quedarse solos”, sostuvo.

Neira también cuestionó que durante los operativos se clausuraran pequeños comercios y puestos de subsistencia. “Lo que están persiguiendo no son grandes redes delictivas sino actividades de supervivencia”, señaló.

“Nos quieren borrar del mapa”

En Barrio Fátima aseguran que el operativo no fue aislado. Hubo procedimientos simultáneos entre las 19 y las 22 horas en las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.

Según denunciaron vecinos y organizaciones sociales, durante los operativos se decomisaron parrillas, mercadería y se realizaron clausuras e inspecciones sobre pequeños comercios barriales.

“Quieren que el vecino deje de trabajar para terminar vendiendo falopa o pidiéndole plata al narco”, acusa Mónica.

La mujer habla desde el agotamiento físico y social. Tiene diabetes, hipertensión y problemas de columna. Dice que muchas veces las mujeres del barrio saltean comidas para que otros puedan comer.

“Nos quieren mandar a hacer cursos de capacitación con la panza vacía. ¿Cómo imaginan que una madre con un hijo discapacitado pueda cruzarse media ciudad para hacer un curso?”, pregunta.

Durante años, explica, la cooperativa recibió raciones insuficientes para cubrir la demanda alimentaria del barrio. “Nos dan 150 raciones y tenemos que cubrir más de 300 personas. Cerraron muchísimos comedores”.

Mientras tanto, el proceso de urbanización de los barrios populares —que había mejorado el acceso a servicios y reducido incendios y cortes de luz durante los últimos años— quedó frenado.

“Hace dos años que está parado. Tengo miedo por los incendios que pueden ocurrir en invierno”, advierte.

Mónica nació y creció en esa zona de Villa Soldati marcada por décadas de abandono estatal. Señala un sector del barrio donde antiguamente funcionaba la quema de basura y asegura que durante la dictadura militar también aparecían cuerpos en la zona.

Después mira la faja de clausura pegada en la entrada de la cooperativa. Arriba está la pieza donde duerme. Abajo, la cocina donde preparan meriendas y sostienen la olla popular del barrio. “Aunque tengamos miedo de que nos lleven presos, vamos a seguir trabajando. La gente tiene hambre”.