El encuentro se realizó en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), luego de la movilización hacia el Ministerio de Economía, donde se presentó un petitorio con reclamos concretos: reactivación de la obra pública, transferencia de fondos adeudados y revisión del esquema de precios de los combustibles.

Kicillof no esquivó el tono confrontativo. “Estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones”, sostuvo ante dirigentes de 18 provincias.

La decisión de los intendentes de concentrarse frente al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, no fue casual. La estrategia apunta a direccionar la responsabilidad política hacia la Casa Rosada y evitar que el costo del ajuste recaiga sobre provincias y municipios.

El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lo sintetizó con crudeza: “La situación no da para más”. Según explicó, los municipios están absorbiendo el impacto directo de decisiones nacionales que afectan la producción, el empleo y la asistencia social.

En paralelo, el gobernador riojano Ricardo Quintelaintrodujo otro elemento clave: la necesidad de reorganizar políticamente al peronismo frente al nuevo escenario. “Tenemos que diseñar un proyecto de país”, afirmó, en un mensaje que excede lo económico y se proyecta hacia la disputa electoral.

Es fundamental que los argentinos sepan que hay muchísimos dirigentes en todo el país que están peleando por el bienestar de la gente, haciendo las cosas con dignidad, honestidad y esfuerzo.

Aquí estamos intendentes y gobernadores que nunca vamos a ponernos de espaldas a nuestro… pic.twitter.com/7BGd0DRJEq

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— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 14, 2026

Obras paralizadas y fondos retenidos: el eje del conflicto

El núcleo del reclamo gira en torno a la paralización de la obra pública y la retención de recursos que, según denuncian, corresponden a las provincias y municipios. Entre ellos, los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que deberían destinarse a infraestructura vial.

El ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, ya había advertido que el aumento del precio de la nafta impacta de lleno en los costos logísticos y en el precio de los alimentos, agravando la situación económica en los distritos.

El petitorio también exige retrotraer el valor de los combustibles al 1° de marzo, una medida que busca aliviar el impacto inmediato en las economías locales.

Detrás del reclamo financiero aparece un diagnóstico más profundo: el deterioro social. Los intendentes advierten que la demanda de asistencia alimentaria se duplicó en los últimos meses y que la interrupción de programas nacionales dejó a los municipios como única red de contención.

“Somos el primer oído de nuestros vecinos”, planteó Espinoza, al describir la presión diaria que enfrentan las administraciones locales. En la misma línea, Kicillof habló de una “catástrofe social, productiva, laboral y económica”, vinculando directamente esa situación con lo que definió como una “deserción” del Estado nacional.

Más allá del reclamo puntual, el encuentro dejó entrever un movimiento político más amplio. La foto de intendentes, gobernadores y funcionarios alineados detrás de una crítica común a la Casa Rosada funciona como un intento de reconfigurar el mapa opositor.

Kicillof lo explicitó sin rodeos: “No se trata solo de cambiar el elenco, sino de modificar el modelo”. La frase marca un posicionamiento que busca trascender la coyuntura económica y construir una alternativa política de cara al futuro.

La presencia de dirigentes de distintas provincias, e incluso de algunos sectores no peronistas -como los alcaldes radicales de General Lamadrid, Martín Randazzo; de Magdalena, Lisandro Hourcade; San Cayetano, Martín Gargaglione- refuerza la idea de un conflicto que ya no es exclusivamente bonaerense, sino federal y con un marcado carácter extrapartidario.