No es una interna deportiva. Es una disputa por el control institucional del negocio más sensible del país.

El frente judicial: $19.300 millones bajo la lupa

La causa que sacudió la calle Viamonte se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante. La denuncia fue impulsada por la ARCA —organismo que reemplazó a la AFIP— y apunta a una presunta retención indebida de aportes y evasión fiscal por más de 19.300 millones de pesos.

La acusación sostiene que no se trata de fondos propios sino de dinero retenido al Estado que no fue ingresado en tiempo y forma. En términos penales, eso podría configurar apropiación indebida de recursos públicos.

Tapia fue imputado y citado a indagatoria. También el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la mesa ejecutiva. Hubo prohibición de salida del país, luego morigerada con una fianza para permitir viajes vinculados a compromisos internacionales.

La defensa de la AFA, encabezada por Gregorio Dalbón, niega deuda exigible. Afirma que los pagos fueron realizados antes de vencimientos y que el expediente tiene un trasfondo político.

Traducción al llano: el Estado habla de delito tributario. La AFA habla de persecución.

La estructura de poder de AFA: el blindaje interno de Tapia

Tapia no gobierna en soledad. Su fortaleza se explica por una red política que combina clubes grandes, ascenso y fútbol del interior.

En la conducción aparecen nombres de peso como: Juan Román Riquelme (Boca), River Plate representado institucionalmente en la vicepresidencia y dirigentes del ascenso y del Consejo Federal, bajo la órbita directa de Toviggino.

El dato clave: 22 dirigentes del interior firmaron respaldo explícito a la conducción actual. En términos políticos, eso es control territorial. En términos futboleros, es mayoría asegurada en cualquier asamblea.

La AFA puede resistir porque domina la base electoral.

La IGJ y la batalla por el domicilio legal

Otro frente caliente es la pelea con la Inspección General de Justicia. El organismo bloqueó el intento de la AFA de trasladar su domicilio legal desde Capital Federal a la provincia de Buenos Aires.

Para el Gobierno, el movimiento buscaba escapar del control nacional. Para la AFA, fue una decisión administrativa legítima.

La IGJ además cuestionó balances pendientes y reformas estatutarias no convalidadas desde 2017. La discusión ya no es solo penal, sino administrativa y política.

En el trasfondo aparece el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas, impulsado por el Ejecutivo y rechazado por la dirigencia tradicional. La AFA invoca autonomía institucional. El Gobierno responde con legalidad y fiscalización.

Dos visiones de país chocando en una cancha.

El paro del fútbol: la medida de fuerza total

La respuesta fue inédita: suspensión de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 y paralización de todas las categorías.

Partidos de alto impacto quedaron congelados:

River Plate vs Atlético Tucumán

Boca Juniors frente a Central Córdoba

San Lorenzo vs Independiente

Racing Club ante Huracán

No es una huelga sindical clásica. Es un lockout institucional que impacta en contratos televisivos, sponsors y miles de trabajadores.

La señal es política: si avanzan contra la conducción, el espectáculo se apaga.

Sur Finanzas: la sombra que complica la defensa pública

El flanco más delicado no es tributario sino financiero. La investigación sobre Sur Finanzas y su titular Ariel Vallejo agrega una dimensión más inquietante.

La justicia detectó operaciones por más de $818.000 millones y sospecha maniobras de lavado y evasión. Se investiga si la financiera operaba como canal paralelo de fondos vinculados al fútbol.

El vínculo político con la conducción de la AFA es materia de análisis judicial. Si las pericias sobre teléfonos y documentación confirman un entramado irregular, el argumento de “persecución” podría perder fuerza.

En estas causas, la evidencia digital no suele mentir. Y cuando habla, lo hace fuerte.

El factor FIFA y el riesgo internacional

La reglamentación de la FIFA prohíbe la injerencia estatal en asociaciones afiliadas. Si el conflicto deriva en intervención directa, podrían activarse sanciones.

Eso implicaría que la Selección y los clubes queden fuera de competencias internacionales. Un escenario extremo, pero no imposible si la escalada continúa.

El Gobierno asegura que solo aplica la ley común a cualquier entidad civil. La AFA denuncia presión política.

La delgada línea entre control estatal e intromisión deportiva es el eje del debate.

Punto de inflexión

La crisis de 2026 marca un antes y un después en la gobernanza del fútbol argentino. Nunca confluyeron en simultáneo:

Una causa penal por miles de millones

Auditorías administrativas acumuladas

Sospechas de lavado con volumen masivo

Paro total de la actividad

Y tensión con organismos internacionales

Tapia conserva el poder interno. El Gobierno controla las herramientas institucionales. La resolución dependerá de la velocidad judicial y de la solidez de las pruebas.

Mientras tanto, el fútbol —ese termómetro emocional del país— funciona como campo de batalla. Y cuando la pelota deja de rodar por razones políticas, el problema ya no es deportivo. Es estructural.

En Argentina, el poder siempre se discute en público. A veces en el Congreso. A veces en los tribunales. Y ahora, también en la cancha.

FUENTE.  Mundo gremial