La Libertad Avanza se prepara para concretar el primer objetivo de su estrategia parlamentaria. Después de haber obtenido dictámenes de mayorías en tres proyectos (con el Presupuesto 2026 como iniciativa principal, pero también con una modificación del Régimen Penal Tributario y una propuesta penal de estabilidad fiscal), está cerca de garantizarse la media sanción en una sesión en Diputados este miércoles desde las 14 horas. La novedad es que el bloque oficialista se estrenará como principal fuerza.
El borrador final del proyecto libertario se conoció en el mismo plenario y su contenido replica en gran medida el contenido de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Finalmente, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad sancionadas , se prorrogan hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable e incorpora deducción de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.
El dictamen oficialista obtuvo 28 firmas y se votará desde las 14 horas en sesión este miércoles 17 de diciembre. Entre los que apoyaron la propuesta, hubo seis respaldos con disidencia. El bonaerense Falcone (MID) y el misionero Herrera (Innovación Federal) presentaron su antagonismo a la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, mientras que los representantes del PRO (Fernández Molero y De Andreis) criticaron la falta del punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el artículo 71 del proyecto, que establece el mecanismo de saldo de deuda de las distribuidoras eléctricas. Las otras dos disidencias fueron del radicalismo.
Benegas Lynch y Rodríguez Machado, presidentes en el plenario que dictaminó Inocencia Fiscal.
Mariano Fuchila
Régimen Penal Tributario y de Estabilidad Fiscal
Existen otras dos propuestas incluidas en el temario. Una es la iniciativa de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria impulsada por el Gobierno establece condenas penales de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten o ejecuten «normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento». Las penas se incrementan de 3 a 10 años para aquellas personas que ocupen cargos en el Banco Central
Además dispone que «los gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general». Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. También señala que el Ejecutivo nacional «deberá abstenerse de solicitar al BCRA adelantos transitorios con el objeto de financiar el gasto primario».La otra propuesta que alcanzó dictamen (con 44 firmas, entre los que se incluyeron 4 del PRO, 2 de la UCR y 6 de aliados provinciales) es para la modificación de Régimen Penal Tributario. Formulada por el Ministerio de Economía, el principal componente del proyecto Presunción de Inocencia Fiscal implica actualizar los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. La estimación extraoficial sostiene que los argentinos tienen unos u$s243.000 millones fuera del circuito legal, por lo que la medida estimularía a que una parte de esa cifra se blanquee sin tener que dar explicaciones de su origen.
