Demoledor diagnóstico de los gremios industriales contra el gobierno de Milei
La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), emitió un duró pronunciamiento con fuertes críticas a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y denuncia la imposición de un «plan de disciplinamiento político y social» en el país
La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) emitió un «demolador pronunciamiento» en el que advierte sobre un «colapso productivo» y un inminente «industricidio» en Argentina. La entidad sindical denunció un retroceso industrial «sin precedentes» y responsabiliza a las políticas del gobierno de Javier Milei por la crítica situación económica y laboral.
Según el informe de la CSIRA, en 2024 la actividad manufacturera sufrió una caída del 9,4%, la construcción se desplomó un 27%, mientras que la minería vinculada a la construcción también se contrajo. Las cifras son alarmantes: más de mil empresas industriales cerraron desde 2023, resultando en la pérdida de más de 31 mil empleos formales en la industria. Si se suman los sectores de la construcción y la minería, la cifra total de empleos perdidos asciende a casi 100 mil.
La organización gremial atribuye este escenario a la combinación de la «apertura indiscriminada de importaciones», promovida por el Poder Ejecutivo, con un tipo de cambio que resta competitividad, crédito inaccesible y un mercado interno paralizado. CSIRA advierte que la continuidad de este rumbo conducirá a una profundización de la desindustrialización, debilitando a las PyMES y condenando al país a importar tecnología y trabajo. En ese sentido, el documento remarca que «no hay desarrollo sostenible sin una industria nacional sólida y diversificada, que aporte valor agregado», indica el texto.
El pronunciamiento de CSIRA también critica fuertemente la desregulación del cabotaje nacional impuesta por el DNU N.º 340/2025. Esta normativa, según la entidad, al permitir que buques extranjeros reemplacen a los argentinos en el transporte de combustibles, alimentos e insumos esenciales, compromete la seguridad económica y la soberanía del país. La implementación de esta medida, alertan desde CSIRA, provocará un «inmediato aumento del desempleo, fuga de divisas y mayor precarización laboral».
En el ámbito laboral, CSIRA exige «paritarias libres» que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, y denuncia que el gobierno «utiliza el salario como un ancla antiinflacionaria en una economía con precios completamente liberados». Además, la entidad resaltó que el salario mínimo perdió un 32% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y abril de 2025, mientras que el aumento constante de tarifas ha multiplicado el gasto de los hogares.
La Confederación también expresó su «rechazo categórico» al intento de flexibilizar derechos, precarizar el trabajo y criminalizar la protesta a través de normas como el DNU 70/23, la Ley Bases y el DNU 340/25, que «pretende exterminar el derecho constitucional de huelga». Reafirman que la acción sindical y la protesta social son «pilares de los derechos constitucionales» y conquistas «irrenunciables». Además, se critica la Resolución 1066/2025 y 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores, que buscarían reemplazar el régimen indemnizatorio por un enfoque de capitalización individual que atenta contra los derechos adquiridos.
Por otra parte, CSIRA también denunció la «manipulación arbitraria de los aportes de los trabajadores» que, según la entidad, desfinancia las obras sociales sindicales. En este sentido, los gremios exigieron la actualización de los costos prestacionales, la agilización y aumento de los reintegros del Fondo Solidario, y el fin de las normas que permiten la fuga de aportes al sistema privado, defendiendo el sistema solidario de salud como una «conquista fundamental».
El pronunciamiento de los sindicatos industriales también realiza un enérgico llamado a «cambiar el rumbo» y a romper con las «recetas del FMI» y enfatiza en que «ningún país se desarrolla ajustando de forma generalizada» y que solo una estrategia nacional «orientada a impulsar la producción argentina, el consumo interno y las exportaciones con mayor valor agregado» permitirá salir del ciclo de endeudamiento, recesión e «industricidio».
Finalmente, CSIRA repudió la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y denunció la «persecución judicial» como parte de un «plan de disciplinamiento político y social». La entidad advirtió, en esa línea, que «sin una justicia independiente no hay democracia real», apunta el documento.
La CSIRA está conformadas por los gremios industriales más importantes del país, entre los que se encuentran SMATA, UOM, UOCRA, FOCRA, AOMA, AOTRA, ASIMRA, ATILRA, ATSA Zona Norte, FASiPeGyBio, FATCA, FESTIQypr, FGB, FOEIPCyQ, SAON, SEIVARA, SISJAP, SOCRA, SOEFBA, SOEIFEPVA, SOIVA, STIA, SUETRA, UCI, UOMA, UOLRA, UOYEP, UTICRA, SETIA, UOETSYLRA, SOEM, UATRE, FGPICyD, SICONARA, AEFIP, y FRCIODYARA.
