El Congreso observa al Ministerio de Defensa: crisis de obra social, cierre de fábricas y operativos civiles
Aún con bajo perfil, el organismo de Luis Petri comenzó a recibir las críticas de bloques opositores. Piden interpelar al ministro.
La gestión del ministro Luis Petri es discutida desde el Poder Legislativo.
Una suerte de réplica llegó el mes siguiente, por parte de Juan Martín Paleo, exdirector de las FFAA, quien analizó que «el único que se protege con esto es la autoridad política que impartió la orden» y que con su aprobación «vamos a soltar al Rottweiler». Ante la falta de consensos para esta reforma, la actividad en la comisión se paralizó, pero Casa Rosada resolvió la medida con un decreto que continúa vigente. «Pedimos revisar el DNU y buscamos su derogación, pero no se movió nada aún», señaló a Ámbito un diputado provincialista, que aseguró que pedirán la interpelación antes de las elecciones de octubre. Tras los faltazos de Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona a la convocatoria por el caso $LIBRA, y ante la resistencia del Ministerio de Defensa de enviar siquiera otro funcionario de segunda línea, cuesta imaginarse que Petri asista al Congreso.
Gestión del Ministerio de Defensa
Esta semana, terminó de estallar un conflicto en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en donde se acumularon deudas a proveedores, sueldos impagos y la paralización de los arreglos de los aviones que llevó a que se detenga la actividad de uno de los centros de referencia aeronáuticos del país. Aunque el Ministerio de Defensa anunció la resolución de los pagos, que permitiría reabrir la FADEA el jueves 15 de mayo, se sostiene la incertidumbre sobre el futuro de las operaciones y de los trabajadores.
“Es una empresa estratégica para la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del país, y no puede operar en condiciones de incertidumbre”, sostuvo el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), miembro de la Comisión de Defensa Nacional, quien emitió un pedido de información al Ministerio. El mismo diputado también apuntó a otra problemática dentro de la gestión de Defensa: la crisis administrativa del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). «Está afectando directamente la calidad de vida de quienes integran las fuerzas de defensa y seguridad”, planteó.
El IOSFA tiene responsabilidad en la cobertura médica de unas 600.000 personas y desde noviembre del 2024 hasta abril de este año tuvo dos directores: el último, Roberto Fiochi, asumió prometiendo el despido de 45 cargos jerárquicos para paliar la deuda. Sin embargo, el endeudamiento sólo creció y él decidió dejar su cargo. La iniciativa legislativa pretende conocer si existe un convenio de confidencialidad con empresas de medicina prepaga, para concretar una eventual tercerización del servicio que no podría responder a las características de los afiliados, que operan en pueblos y parajes de todos los puntos del país.
Las dudas sobre el futuro de la FADEA y del IOSFA se convierten en molestia desde algunos sectores de las FFAA, que apuntaron para este medio a la inversión de u$s301 millones por la compra de 24 aviones F-16, además de una serie de obras para su funcionamiento, cuyo proceso de adquisición y licitación se conserva “bajo secreto militar”. A ello se le suman trascendidos que señalan directamente a Luis Petri, que se encontraría envuelto en una puja interna dentro del Gabinete por las distribución de las propiedades de COVIARA (Construcción de Vivienda para la Armada), empresa inmobiliaria del Ministerio de Defensa que podría tener destino de disolución.
