La norma autoriza la privatización de la compañía mediante una desintegración vertical, separando sus unidades de negocio y aplicando diferentes mecanismos para su transferencia al sector privado. El material rodante será subastado en un remate público, y los fondos obtenidos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias. Por otro lado, las vías y los inmuebles aledaños serán otorgados en concesión de obra pública, a través de un proceso de licitación nacional e internacional. FUENTE:  Ambito Financiero