Un fallo que pide cumplir con la ley
El miércoles 10 de abril de 2019 se hizo público un fallo del Juez Roberto Gallardo, mediante el cual la justicia le ordena al poder ejecutivo de CABA, prohibir el funcionamiento de las empresas GLOVO, RAPPI, y PEDIDOSYA; hasta tanto estas no cumplan con algunas medidas básicas de seguridad (casco, portaobjetos, seguro de vida y accidentes, libreta sanitaria, vehículos con señalización nocturna) para con sus empleados.
Los requerimientos antes nombrados se encuentran en la ley 5526/16 (RUTRAMYC / código de tránsito y transporte) que fue impulsada por los trabajadores, acompañada por la cámara empresaria, presentada por el oficialismo, y votada por la oposición. Un Juez argentino ordena su cumplimiento, pero tres empresas extranjeras se niegan y exigen que nuestra legislación se adecue a sus inconfesables propósitos, contando para ello con el aval y la complicidad de la Secretaría de Transporte de CABA a cargo de “Juanjo” Méndez. Vale aclarar que en diciembre de 2018 pretendieron modificar la ley a medida de las plataformas, y muy probablemente vuelvan a intentarlo.
Considera el gremio como un hecho positivo que este fallo deje expuesta ante la opinión pública, la relación carnal vergonzante existente entre las mencionadas aplicaciones y los funcionarios de la Ciudad Autónoma; que en lugar de controlar el cumplimiento de obligaciones y garantizar derechos adquiridos, se limita a proteger los intereses de aquellos que buscan retrotraer las relaciones laborales al siglo XIX.
La apelación de parte del gobierno porteño, a un fallo que los obliga a hacer cumplir una Ley presentada y votada por los legisladores que responden inclusive al oficialismo (fue aprobada por unanimidad), roza la confesión de parte y evidencia la derrota de la política ante los gerentes de las multinacionales.
Las empresas digitales, se desgarran las vestiduras ante un supuesto vacío legal que solo existe en sus retorcidas mentes. Nuestra actividad se encuentra regulada por la RESOUCIÓN 604/11 (decreto 1187/93 -ley 20216-), LEY 5526/16 (ley 2148), y CCT 722/15 (t.o.c.a.p. 2016/17 – 2017/18 – ley 20744). Claramente regulaciones existen, lo que falta es decisión política para controlar su cumplimiento.
Cuando las “app” reclaman una regulación, lo que en realidad están exigiendo son leyes que les permitan negar la relación de dependencia de sus empleados, para maximizar sus ganancias a costa de la miseria y explotación de los trabajadores. Cuando piden “diálogo” solo buscan ganar tiempo hasta convertir la logística en una zona liberada. Cuando hablan del “futuro del trabajo”, significa volver a la época de los “mártires de Chicago” pero con “wifi”.
Este fallo es un round ganado de una larga pelea que recién comienza. «Unidos y solidarios estamos enfrentando este modelo que busca destruir los derechos del trabajador mediante la precarización y el fraude laboral, porque no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene consciencia de sus derechos”. dijeron desde el sindicato de motoqueros.
