Senado: La ley de tierras debe ser tratada antes del próximo 23 de noviembre

La ley 26160 que prorroga la emergencia de tierras indígenas por cuatro años más, está cerca de ser debatida por el Senado Nacional en su próximo plenario aun sin definición de fecha. La ley -que viene siendo prorrogada desde el 2006- tiene fecha de vencimiento: 23 de noviembre. María Laura Morales
La Ley que prorroga la emergencia de Tierras Indígenas apunta a proteger a las comunidades originarias para evitar que sean desalojados de sus territorios. Según aseguró la autora de la propuesta, la senadora por Salta, Nora del Valle Giménez, en una nota concedida a Senado TV, la ley “incorpora un presupuesto de más de 250 millones de pesos” para realizar un relevamiento de las tierras ocupadas por las comunidades, al igual que los pueblos existentes a la fecha y sus subdivisiones.
“Es una ley que está vigente desde el año 2006. En su momento resolvió todas estas situaciones de conflictos entre criollos y aborígenes a lo largo y a lo ancho del país con carácter de situación de emergencia de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Suspende los desalojos al igual que todo tipo de gestiones y decisiones de cualquier índole, institucional y judicial que ponen en riesgo de que le quiten sus tierras”.
“Para este año se piden 290 millones porque estos relevamientos que hay que hacer en cada una de las comunidades, cuestan porque son recursos que hay que aplicar. Algunos son lugares muy alejados difíciles de legislar” dijo Giménez.
“Cuando se inician estos relevamientos en el año 2006 las comunidades reconocidas en el país eran alrededor de 1000, luego sufrieron una serie de reordenamiento y hoy están relevadas el 70 por ciento y ese 30 por ciento representa más o menos unas 600 o 700 comunidades. Estos relevamientos catastrales, jurídicos y poblacionales van a ser la base de otra ley imprescindible que es la de propiedad comunitaria de la tierra para pueblos originarios” explicó.
Por su parte, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda quien mantuvo reuniones con senadores y diputados del FdT referentes de las comunidades indígenas y personalidades como el ex premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel dijo que “se trabajó en este proyecto para que en la próxima sesión del Senado pueda ser tratado” y que “es muy importante porque estamos sobre el vencimiento de la prórroga (23 de noviembre)”.
“La última prórroga fue en el año 2017, en aquel momento a través de un proyecto del Senado. En esa oportunidad, la senadora Norma Durango trabajó muchísimo y logramos que la ley 26160 sea prorrogada votada por unanimidad. Recordemos que es la cuarta prórroga”, aseguró la ex legisladora.
Odarda se refirió a la especulación en relación con las tierras ocupadas por las comunidades ya que según el último relevamiento son más de 1700 familias las que viven en distintos territorios de nuestro país. “El concepto de territorios y tierras es completamente distinto al que nos han enseñado. El territorio se relaciona con la identidad de los pueblos indígenas, su cultura, el cuidado de la tierra y medio ambiente, con lo cual el territorio no se vende, no se negocia, no hay ánimo de lucro. Nadie piensa en la tierra como un bien que se pueda intercambiar como si fuera una ganancia o por “la venta de tierras” propiamente dicha”.
Según la titular del INAI, “cuando hablamos de relevamiento territorial es un resguardo para que no sean desalojados, y en algún momento darles esa solución de fondo que nos pide y que nos habla la propia Constitución del ´94, que es la Ley de Propiedad Comunitaria indígena. Mientras tanto hay que seguir prorrogando la ley 26160 pero es un paraguas jurídico para que no puedan ser desalojadas las comunidades hasta no tener la ley de fondo”.
“Esta vez la ley va a tener un presupuesto como ocurrió en la ley del 2006 tratada en el gobierno de Néstor Kirchner con presupuesto propio de 30 millones y la idea es adaptar un presupuesto al día de hoy. Es un relevamiento muy costoso, se contratan técnicos y antropólogos para que en conjunto con las propias comunidades y las provincias se lleven adelante los relevamientos. Eso demanda un financiamiento. La demora tiene que ver con el financiamiento en la Ley” estimó la ex senadora rionegrina.-



