¿QUIÉN FUE?
“Biden anunció el envío a Ucrania de armamento valuado en U$S 1.000 millones”, publican oficialmente medios estadounidenses sin recaer un segundo en lo imponente de esa cifra ante los 100 millones de dólares que vendió en armamentos Argentina, y le costaron la cárcel al ex Presidente Carlos Menem.
No es un juzgamiento moral, ni mucho menos justificar lo que hizo el ex mandatario, sino introducir al contexto en el que se generó el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994.
El Ministro de Defensa por esa época, Oscar Camillión, rubricó con Menem tres decretos secretos autorizando la venta de armas de guerra: los dos primeros a Panamá, y el tercero a Venezuela.
El riojano asumió prometiendo salariazo, y revolución productiva. Asumió el 8 de julio de 1989, y cuatro meses más tarde cayó el muro de Berlín y con él, la geopolítica partida en dos. El acomodamiento, o sumisión, fue tal durante los 90´ que el gigante del norte nombró a nuestro país Aliado Importante Extra Otan en 1997.
Altos mandos militares dijeron años más tarde, que el armamento denunciado en Croacia y Bosnia, claves para robustecer su ejército en las Guerras Yugoslavas se debió a que los países a los cuales iban dirigidos los arsenales desviaron el material. Es decir, que efectivamente Argentina le vendió armas a Panamá, y que esa sucursal yankee las mandó para la guerra. Toda la probatoria se destruyó con la voladura intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, de la cual los responsables fueron impunes gracias a la dilatada actuación de la justicia.
En definitiva, ¿Dónde radica la diferencia entre vender armas a un país en guerra, ser enjuiciado por ello, o darlas con un fin noble y humanitario? En los propósitos norteamericanos.
En primer lugar: Político. No hay embargo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Ucrania y por eso se le puede “obsequiar” armamento, como tampoco lo había en Bolivia cuando Macri practicó la revolución de la alegría de plomo en el golpe de Estado de Jeanine Añez. Ahí es todo legal.
Pero en 1991, si regía un embargo general de armas dictado por el Consejo de Seguridad, el cual violó sistemáticamente el propio Estados Unidos. Sin embargo, George Bush padre ostentaba la primera magistratura de ese país y nunca fue detenido, lo que permite adentrarnos en la segunda razón.
El negocio económico. La agencia reguladora de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos señala que esta industria mueve 19.500 millones de dólares al año. Esto sería sólo de forma legal. Los países a los cuales dirigió el armamento Argentina eran aliados yankees pero el arsenal fue hecho por Fabricaciones Militares Argentinas. Principalmente se le borró el número de serie y el escudo patrio en la antes mencionada Fábrica Militar de Río Tercero.
Menem metía las narices en cuanto negocio se pudiera hacer, y el órgano que más le duele al gigante norteamericano es el bolsillo.
Por último, mencionar que este hecho salió a la luz un tiempo más tarde cuando el Presidente le negó a Clarín el acceso a la empresa telefónica Telecom.
En ese contexto, el lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53 se llevó a cabo el atentado contra la República Argentina en el que fallecieron 85 personas.
En octubre de 2009, Sergio Burstein (integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA) denunció penalmente que estaba siendo espiado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto llevó al descubrimiento de una estructura de espionaje paraestatal, con escuchas telefónicas ilegales que habrían empleado los funcionarios macristas, Ciro James, y Jorge “Fino” Palacios.
Burstein declaró que el fiscal Nisman le dijo “como viene la cosa, llegamos hasta Macri, no tengas ninguna duda. Éstos metieron una SIDE paralela en la Ciudad de Buenos Aires”. Luego el fiscal decidió tomar otro camino y tras su muerte, su denuncia de encubrimiento se hizo pública pero de igual manera fue desestimada por inexistencia de delito.
A 28 años del atentado sólo tenemos la certeza de que los que saben que pasó se van muriendo, de que Jacobo Timermann falleció sin poder recibir un tratamiento experimental fuera del país por tener prohibida su salida, cuando postmortem fue absuelto.
No hay crimen perfecto, sólo malos investigadores.
