Ponen al zorro a cuidar el gallinero
El gobierno de Mauricio Macri ha decidido crear un organismo que supervise la adjudicación y ejecución de las obras públicas, para lo que ha apelado a un ente tripartito integrado por el estado, los empresarios y los sindicatos.
Se trata de la Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal, encabeza por el ministro del interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Se supone que el objetivo buscado por el gobierno de Macri es terminar con la discrecionalidad en la asignación de la obra pública y con las facilidades que otorgaba el gobierno saliente con el pago adelantado de las obras.
Lo llamativo es que para esto recurriera al titular de la CAC, entidad que agrupa a las principales empresas de la construcción, que han sido asiduas beneficiarias del dinero proveniente del estado para la obra pública y de los favores del gobierno de los Kirchner. Incluso uno de los principales integrantes de la cámara, Carlos Wagner, se encuentra implicado en una causa judicial que lo investiga por lavado de dinero y malversación de fondos, y es denunciado por organizaciones sociales y de derechos humanos por su asociación ilícita con la patota de la UOCRA que terminó con la vida de un trabajador de la construcción a principios del 2014.
Por otra parte, integra esta comisión Gerardo Martínez, quien viene de reconocer ante toda la prensa nacional que permitió a la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario preso Lázaro Báez, evadir el pago de los aportes sociales de miles de trabajadores de la construcción, incluso el aporte de la cuota sindical, durante el periodo de 15 meses sin hacer nada. No se puede entender la extensión del negocio de los Baez en toda la provincia de Santa Cruz sin aceptar que la UOCRA consintió este fraude durante años.
Chediak ya ha reconocido en el pasado su devoción a Gerardo Martínez, cuando en una entrevista ante el periódico Perfil retrató al propio Gerardo como un “aliado estratégico”. Se trata de una alianza millonaria cuyo principal sustento es la evasión de las cargas sociales, el trabajo precarizado y en negro, los favores a los empresarios, las coimas a los dirigentes de la UOCRA y el desvió de los fondos de la obra pública.
La existencia de esta comisión no implica para nada un cambio de política del nuevo gobierno con respecto al manejo de la obra pública. Se trata más que nada de un blanqueo de la asociación ilícita entre el estado, empresarios y la UOCRA que durante el kirchnerismo operaba “ofshore”.
