PABLO SERCOVICH- “El acceso a la energía es un derecho humano”:

Por Gabriel Russo –
En su calidad de presidente de la Asociación Civil Argentina en Red, un espacio multiactoral de federaciones y redes de la de vida a todas y todos, Pablo Sercovich dejó claro la situación de pobreza energética a la que ha empujado el gobierno de Milei. También explicó en qué consiste la acción que van a realizar de cara al 1º de junio en todas las provincias, para dejar preservados a los usuarios durante el invierno.
-El gobierno nacional decidió postergar aumentos en las tarifas de gas, pero las que llegaron ya está siendo imposible de pagar por miles de hogares. Ayer iniciaron una acción nacional muy importante. ¿De qué se trata?
La erogación que un hogar efectúa por concepto de pago de servicios superó el 10 % de sus ingresos., de manera que consideramos la situación de pobreza energética. En esos márgenes, tenemos por delante el aumento postergado a 1º de junio que va a tensar mucho más la presión y decidimos a partir de la experiencia que transitamos con el macrismo vinculado con la dolarización , retomar este sendero convocando a todas las multisectoriales del país, en una estrategia que se planteó en el último plenario nacional, que consiste en primera instancia, solicitar a todos los Concejos Deliberantes y municipios, una Declaración de la agencia tarifaria en los municipios, porque hacen viable la actividad económica para comercios y afines. Y esto afecta al municipio, de la mano de esa iniciativa que se presentó ayer, lo cierto es que en caso de Jujuy ya hay vigente un amparo que más allá de la resolución del problema de tarifas, preserva a los usuarios de corte y retiro de suministro.
Esta es la acción que vamos a realizar de cara al 1 de junio en todas las provincias, para dejar preservados a los usuarios durante el invierno. Esto no resuelve- el problema de tarifa que según la experiencia durante el macrismo terminó con la aprobación en ambas cámaras de la Ley de emergencia tarifaria, que tuvimos que interponerle amparo frente al veto.
-Hay un servicio que tuvo un aumento muy grande y es el agua. ¿Cuál es el criterio del aumento?
En principio para ser lo más precisos, en el caso del agua lo que tenemos es un aumento que no implica el corte del servicio, ya que en gas y luz sí tenemos esa urgencia. Por ejemplo mientras la luz aumentó el 146 %, el gas el 427, el agua aumento el 209 según lo que tenemos registrado, al margen del transporte que fue 410, frente a todos estos números, lo que tenemos es una inflación del 112 % pero donde los salarios se incrementaron solo un 96 % promedio. Es decir el gas se multiplicó por 4.
Mientras en diciembre la erogación ,- el pago de servicios- se elevó al 4,6%, en este momento ya se están erogando 10.8. Esperemos que cuando se acomode el dólar, las empresas lo que exigen es la dolarización, que no vuelvan al alza con lo cual va a ser mayor el margen de diferencia entre incrementos salariales y aumentos de servicio.
Decimos que la energía, es un derecho humano. El encuentro internacional por el derecho de la energía hecho en 2014 en Mar del plata dejó claro ese y el Estado debe dar acceso a ese derecho humano. Dejamos muy claro esto porque es un derecho básico que garantiza una vivienda digna, de la misma manera que el agua, el gas, entendemos no pueden aumentarlos más que los salarios.
Por eso este recorrido va a exigir la retrotracción tarifaria y el incremento por el índice de aumento salarial, que es lo que toca a la hora de hablar de estos derechos humanos. Por eso es importante la fundamentación de los abogados en Jujuy, la estamos compartiendo con todos los abogados del país, de la mano de las sectoriales para que preparen las presentaciones que haremos en junio. Entendemos que eso tendrá una resolución política, según la coyuntura argentina.
Hay jubilados que cobran la mínima y les llegó tarifas de 40 ó 50 mil pesos. ¿Y si dejan de pagar cual sería la consecuencia?
Tenemos un marco jurídico, nos gustaría cambiarlo, que la Argentina tuviera un algoritmo distinto en la gestión de sus recursos, pero el cuestionamiento a la Ley Bases , el DNU inclusive el RIGI, nos dice que es un intento de reforma jurídica encubierta, y de derecha.
La realidad es que esta normativa hoy ampara a las empresas en su capacidad de extorsión a la hora de gestionar el cobro, ya no estamos hablando de que manden carta de amenaza, sino que a menos que haya un amparo colectivo, que están en condiciones de cortar el suministro, porque una vez retiran el medidor hay un protocolo posterior que te deja fuera de servicio.
Otro problema que tenemos es que los entes reguladores están cooptados por las empresas y de la misma manera la Argentina tiene una estructura autárquica con recursos provistos por el Presupuesto, y al Defensoría de la Nación debería esta velando por los derechos del pueblo argentino frente a estos problemas, sin embargo no dispone de defensor del pueblo de la nación hace 20 años.
Nos vamos a poner en campaña para impulsar un Defensor del Pueblo de la nación, vamos a juntar firmas, es fundamental. Si pudiéramos contar con esto, tendríamos estrategia jurídica para preservar los derechos del pueblo.- estamos teniendo una dificultad institucional en este sentido, porque para aprobarlo, se necesitan las dos terceras partes de los presentes.
Hay un proceso de compra de gobernadores a la luz y vista de todos para condicionar el voto de nuestros legisladores. Eso es lo que tenemos. Y si profundizamos el RIGI, te das cuenta que ya no se trata de transferencia de recursos hacia algunos grupos concentrados, sino de abrirle la puerta a los capitales de cientos de miles de millones de dólares que están en paraísos fiscales. Y Mieli les ofrece llave en mano un proceso en el que por un lado los blanquea y por otro les permite la explotación de nuestros recursos para volver a depositar ese dinero en negro otra vez en Bahamas, pero ahora producto de la liquidación de dividendos de un proceso económico legal. Todo eso a costa de la devastación de nuestro país. Las unidades de producción de riqueza Argentina ya sabemos cuáles son, están monopolizadas y están abriendo las puertas a utilizar estos commodities como herramientas de blanqueo al tráfico de armas, narcotráfico, etc.