Nuevo round en FOTOMULTAS. Nuevas imputaciones, equipos ilegales y miles de actas nulas
La justicia provincial a través del Ministerio Público Fiscal avanza en una causa que ahora apunta a los Municipios de Tres Arroyos, La Plata, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón.
La misma podría desmantelar un entramado de corrupción entre funcionarios públicos y las grandes empresas proveedoras del sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires con excepción de la empresa querellante SECUTRANS SA que impulsa la pesquisa.
El fiscal a cargo de la Unidad Funcional N°11 Álvaro Garganta, con apoyo del jefe de los fiscales Julio Conte Grand, imputó a Alejandro Trasmonte y directivos de la firma TN GroupSA junto a exfuncionarios vinculados al ex ministro de Transporte, por operar con tecnología sustraída ilegalmente para generar infracciones en al menos siete municipios bonaerenses. Antes había sido imputada la otra empresa con las que se reparten el mercado provincial CECAITRA.
Tecnología robada, funcionarios cómplices y empresas imputadas
Según reveló Agencia Nova, TN Group, presidida por Alejandro Trasmonte, habría utilizado equipos de detección de infracciones de tránsito pertenecientes a otras empresas, sin autorización ni licencia. La maniobra habría contado con el aval de funcionarios cercanos a D’Onofrio, quienes habrían aprobado de forma exprés su implementación.
“La maniobra implicaría una doble irregularidad: el uso de equipamiento sin registro ante la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, y la aprobación exprés de solicitudes por parte de funcionarios públicos en presunta connivencia con la empresa privada», citó Agencia Nova.
Los municipios involucrados en el escándalo son Tres Arroyos, La Plata, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón, donde se habrían emitido miles de infracciones viales con equipos ilegales, lo que abre la puerta a la nulidad masiva de actas.
La fiscalía imputó a Trasmonte por los delitos de estafa, fraude, cohecho activo y apropiación indebida, mientras que los funcionarios públicos podrían enfrentar cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se investigan posibles delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
La querella y el rol clave de Secutrans SA y su continuadora Tránsito Seguro SA
La causa fue impulsada por la denuncia de las empresas Secutrans SA y su continuadora Tránsito Seguro SA, del empresario Leandro Camani, serían los únicos querellantes reconocidos en el expediente y junto a los testimonios claves del especialista vial Matias Matías German Trejo, quienes según consta en la investigación, la tecnología utilizada por TN Group pertenecería a estas firmas y fue operada sin autorización legal.
“Esta empresa […] se valía de la relación que tenía con los funcionarios de ese entonces, quienes le autorizaban las solicitudes no sólo en tiempo récord. También le permitían la utilización de tecnología de otra empresa […] en total violación a su derecho de propiedad», se mencionó en Realpolitik.
El sistema de fotomultas provincial en jaque
Fuentes judiciales confirmaron que la UF 11 imputó a todas las grandes empresas involucradas, excepto a las querellantes SECUTRANS SA, y que se habría ordenado notificar a los municipios para suspender de inmediato la emisión de infracciones con los equipos investigados, según reveló el medio Realpolitik.
Además, se evalúa la suspensión total del sistema provincial de fotomultas, ante la magnitud del escándalo y la cantidad de actas viciadas de nulidad. “Se ha notificado a los municipios a fin de que suspendan la constatación de infracciones con los equipos referidos […] bajo intimación de hacer extensible a dichas comunas por los perjuicios patrimoniales sufridos”.
Según el diario El Día de La Plata se le envió una comunicación oficial a la Dirección de Delitos Económicos de la PSA “a fin de solicitar que se proceda identificar por sus circunstancias personales y a notificar en forma personal a Alejandro Enrique Trasmonte del contenido de los arts. 1 y 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en orden a los delitos de estafa (en carácter de autor) y de exacciones ilegales agravada (en carácter de partícipe necesario)”.
La causa avanza a toda velocidad, con el acompañamiento del Juez de Garantías Juan Pablo Massi y amenaza con revelar un sistema de corrupción estructural en la gestión de infracciones viales, que podría tener consecuencias políticas, administrativas y judiciales de gran magnitud en toda la provincia de Buenos Aires.
