Luz verde en Diputados a prohibición de tenencia de armas para acusados por violencia de género.
Por Margarita Pécora –
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, el 23% de los femicidios son cometidos por disparo de bala (1 de cada 4). Hoy la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados que preside el diputado Guillermo Montenegro, dio un paso alentador al conseguir dictamen para el proyecto de Ley que prohíbe el uso, portación, tenencia y transporte de armas para denunciados, procesados o condenados por hechos de violencia contra las mujeres. Además la Comisión solicitó un informe sobre medidas de seguridad tras el doble crimen, del diputado Héctor Olivares y el funcionario Miguel Yadón.
El expediente sobre la tenencia de armas, argumenta que “Si bien el PEVAF – Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones – lleva 11 años en vigencia con muy buenos resultados, y tiene como objetivo reducir el circulante de armas en la sociedad mediante la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico; y la ley 26.485 prevé como medida preventiva urgente la prohibición de compra y tenencia de armas, consideramos que es necesaria una política específica y obligatoria para personas procesadas y/o condenadas que no entregarán voluntariamente sus armas de fuego”.
Del mismo modo se trató la Modificación de los artículos 9°, 11 y 26 sobre tenencia o posesión de armas de fuego cuando la persona haya sido denunciada por violencia de género o intra familiar.
La iniciativa que obtuvo dictamen hoy, es producto de la unificación de proyectos de los diputados del bloque FPV-PJ Agustín Rossi, Analía Rach Quiroga, Cristina Álvarez Rodríguez, Horacio Pietragalla Corti, Juan Manuel Huss, Magdalena Sierra, Mayra Mendoza, Mónica Macha, Nilda Garré, Pablo Carro, Rodolfo Tailade y Vanesa Siley.
Pedido de informe sobre medidas de seguridad tras el doble asesinato.
Además, la comisión dio curso a un pedido de informes presentado por la diputada Carla Carrizo, que solicita al Poder Ejecutivo información relacionada a las medidas de seguridad implementadas en inmediaciones del Congreso de la Nación, como consecuencia del asesinato del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadon.
También se dictaminó la prórroga por un año del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. El nuevo plazo de ejecución empezará a correr a partir del 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y responde al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley 26.216.
Razones de peso
Los datos estadísticos demuestran que existe una importante vinculación entre los hechos de violencia de género o intrafamiliar, los desenlaces fatales que caracterizan a muchos de ellos y la presencias de armas de fuego en el hogar.
Un primer relevamiento realizado en septiembre del 2018 por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sobre la influencia de las armas de fuego en la violencia de género, destaca que en Argentina hay un poco más de 1 millón de personas con autorización para el uso de armas y el 99% del total son varones. Pese al casi nulo acceso de las mujeres a las armas de fuego, ellas resultan desproporcionadamente victimizadas en forma de homicidios y femicidios. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación el 23% de los femicidios son cometidos por disparo de bala (1 de cada 4). También da cuenta de la influencia del arma como una “extensión del control sobre las mujeres”, lo cual se refleja en la presencia de esta en el hogar como un medio de amenaza explícita o implícita.
Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres el 28% de las mujeres que son víctimas de violencia señala que el agresor dispone de un arma de fuego. Por su parte, de los datos requeridos a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la elaboración de este proyecto pudo verificarse que, entre enero de 2016 y julio de 2018, el 48% de los legajos confeccionados fueron derivados al fuero penal ante la posible configuración de delitos y que en estos casos sólo el 69% de las denunciantes manifestó que el agresor no poseía armas de fuego.
