Ley de Financiamiento universitario: Un fallo obliga al Gobierno a cumplir con la norma que sancionó el Congreso

Otra vez la Justicia le marcó la cancha a Javier Milei ante sus intentos de desoír la voluntad del Congreso. Así como pasó con la ley de Emergencia en Discapacidad, ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que ordenaba al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y calificó como “pocos serios” algunos de los argumentos libertarios para no aplicarla. Todos los sectores del Frente Universitario celebraron el fallo y le pidieron a la Casa Rosada que “cumpla inmediatamente” con la recomposición salarial y que actualice las becas de los estudiantes como sostienen el fallo. Los jueces dijeron que está en riesgo “el derecho a enseñar y aprender” y advirtieron sobre las consecuencias negativas de ir a la Corte Suprema sobre puntos específicos.

Los jueces de la Sala III analizaron los argumentos del gobierno de La Libertad Avanza para no cumplir con la ley – que fue votada por el Congreso y luego ratificada tras el veto– y vieron que alguno de ellos están muy flojos de papeles. “Resultan poco serios los agravios del Estado Nacional relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta”, indicaron en el fallo en el que confirman la medida que obliga al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que tienen que ver con la actualización de salarios y becas.

“El fallo judicial es muy claro en sus fundamentos”, le dijo a Página/12 Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que presentó un amparo cuando el gobierno de Milei se negó a cumplir la ley porque sostenía que no estaba especificado de dónde saldrían los recursos. “Ratifica las razones que hemos señalado una y otra vez; que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la educación superior”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Sobre ese punto, tanto el juez federal de primera instancia Enrique Cormick como los de la cámara indicaron que el impacto fiscal estimado por la Oficina del Presupuesto del Congreso es de 0,23 por ciento del PBI, una cifra que “representaba un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) indicaron que el “Gobierno se jugó muchas fichas en la pulseada y ahora tiene que cumplir” hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “Tiene que pagar el aumento sustancial de las becas y los gastos vinculados con los salarios, que representarían un aumento del orden del 50 por ciento para docentes y no docentes. Serían unos 200.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país”, le dijo a este diario, el dirigente de ese espacio Federico Montero.

“En estos dos años y medio, Milei vino a destruirnos el salario y ahora tiene que recomponerlo”, agregó la secretaria General de Conadu Histórica, Francisca Staiti. “Si se aplica la ley y realmente paga la deuda que tiene y si convoca a las paritarias de manera trimestral en base al Indec una buena parte del tema salarial va a estar resuelto. El tema es la voluntad política”, agregó.

El otro artículo que abarca el fallo de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán tiene que ver con las becas estudiantiles. Hasta el momento, los estudiantes cobran dos tipos de incentivos nacionales: las Progresar, que dependen de Anses y están en 35.000 pesos, y las Manuel Belgrano, que apenas superan los 80.000. La Federación Universitaria Estudiantil (FUA) incluyó en la ley la actualización de esos montos, que es lo que el Gobierno intentó frenar y la justicia rechazó. “No vamos a dejar de protestar y a movilizarnos hasta que no esté resuelta la cuestión material”, advirtió el presidente de la organización, Joaquín Carvalho. Además, le dijo a Página/12 que “ahora la pelota la tiene Milei y que si no se cumple con la Justicia” volverán a las calles.

Por Celeste Bianco-PAG 12